Tapia le respondió a la IGJ: “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima”

La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó formalmente al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el objetivo de acceder a información contable y financiera que, según indicó el organismo de control, no fue presentada pese a los requerimientos realizados.

La decisión quedó plasmada en una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, quien reportó la detección de “graves irregularidades” dentro de la entidad que conduce el fútbol argentino.

Tras conocerse el pedido, la AFA difundió un comunicado institucional compuesto por siete puntos y firmado por Tapia, en el que rechazó de plano la medida. “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, afirmaron en el apartado titulado “Nuestra respuesta”.

La “contradicción insoslayable”

En el primer punto del descargo, la AFA cuestionó lo que definió como una contradicción en la resolución. Según remarcaron, la IGJ sostiene que la veeduría “no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad”, sino que se trata de una “medida preparatoria” para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales.

Sin embargo, el comunicado oficial del organismo habla de “graves irregularidades”, menciona “millones de dólares de origen y destino desconocido” y alude a una “sede social falsa”.

“La pregunta es obligada: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en ‘graves irregularidades’? Porque si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace. Dice que ‘no es una sanción’. 

Entonces, ¿de qué ‘gravedad’ estamos hablando?”, plantearon bajo el título “La contradicción insoslayable”.

Balances y cambio de domicilio

El organismo de control sostuvo que existirían balances no presentados desde hace años. Desde la AFA rechazaron esa acusación y aseguraron que los ejercicios 2017 a 2024 fueron entregados y que se encuentran con “vistas pendientes” dentro del procedimiento administrativo ordinario.

Respecto del ejercicio 2025, explicaron que no fue presentado ante la IGJ porque la entidad tiene desde noviembre de 2024 su domicilio legal inscripto en la Provincia de Buenos Aires, por resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

En ese marco, también defendieron la mudanza de la sede a Pilar. “La IGJ insiste en que la sede de Pilar es ‘falsa’ porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente”, argumentaron.

Acusaciones de trasfondo político

En otro tramo del comunicado, la conducción de la AFA vinculó la medida con un supuesto intento de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y mencionó el contexto político nacional, al citar una frase asociada al gobierno del presidente Javier Milei.

“No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”, sostuvieron.

Además, señalaron que la entidad quedó “en el medio de una disputa de poderes” entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires por la jurisdicción sobre su personería.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Es una operación política”

En el cierre del documento, la AFA anticipó que realizará presentaciones judiciales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de ‘graves irregularidades’ si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? 

La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial”, sentenciaron.

El mensaje final estuvo dirigido “al fútbol argentino y al pueblo”: “El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía”.

Temas