Zoe azul: detienen a un abogado con vínculos con el poder

Juan Federico

Fue en el medio de los tres allanamientos simultáneos que había solicitado el fiscal José Mana que el hombre decidió presentarse y quedó detenido. Se trata del abogado Roberto Espinoza, el nuevo capturado en el marco de la compleja investigación por la millonaria estafa que se había articulado en las narices de la propia Policía de Córdoba: el Zoe azul.

Espinoza es titular de la fundación Mayéutica, ubicada sobre calle Arturo M. Bas al 100, cerca del Palacio de Tribunales de la ciudad de Córdoba y de la Municipalidad. En esa misma organización figura como socia fundadora la abogada María Eugenia Zulberti, sindicada en la investigación como una supuesta pieza fundamental del Zoe Azul.

Pero la biografía de Espinoza arroja más datos. Además de haber sido asesor de la Defensoría del Pueblo de la Nación y formar parte de la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba, en sus redes sociales aparecen decenas de fotos con los principales dirigentes del PJ cordobés.

"Es un puntero del PJ", aseguró una alta fuente de la investigación apenas se concretó su captura. El dato hasta ahora no ha sido confirmado ni desmentido por nadie el Gobierno.

El fiscal Mana le ha endilgado los mismos delitos que a los otros 12 acusados que tiene esta causa hasta ahora.

Su captura se dio luego de las indagatorias a las que fueron sometidos todos los imputados en las últimas semanas. Pese a que la mayoría se quedó en silencio, algunos sí decidieron hablar ante la fiscalía.

Las fuentes consultadas agregaron que desde que se concretaron las primeras detenciones el 8 de marzo último, ya había sospechas en torno a Espinoza, pero que recién ahora se lograron las pruebas que convencieron al fiscal para ordenar su imputación y captura.

De esta manera, ya son 13 los detenidos en esta megainvestigación. El Zoe azul se ha convertido en uno de los escándalos más grandes al interior de la Policía en los últimos tiempos.

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En términos simples, se investiga una defraudación millonaria en forma de pirámide: un grupo de personas que le ofrecían a los policías jugosos intereses mensuales si "invertían" con ellos. O sea, los policías debían dejar una suma importante de pesos o dólares y comenzaban a percibir intereses. Y, al mismo tiempo, comenzaban a llamar a otros policías o familiares, por lo que la masa de "inversores" comenzó a aumentar de manera significativa.

En los dos primeros meses los organizadores cumplían y pagaban los intereses prometidos. Los "inversores" se emocionaban y buscaban aportar más dinero o atraer a más personas. Pero luego, los pagos comenzaban a postergarse de manera cíclica, siempre de acuerdo a lo que se investiga.

"Hay policías que vendieron sus vehículos o otros objetos de valor, hasta una casa, para poner su dinero ahí", acotó una fuente judicial.

Hasta ahora, hay cerca de 100 denunciantes, en su gran mayoría policías en actividad. Se estima que esta actividad nació al menos en 2019 y que el monto del dinero reclamado superaría el millón de dólares, según confirmó en su momento  la secretaria del fiscal, María José López.

Los otros 12 los detenidos son: la abogada Zulberti (una expolicía); el licenciado en matemáticas Aldo Daniel Moreno; el comisario y jefe de Logística de Transporte de Investigaciones, Héctor Juncos, un hermano también policía, el oficial Luciano Juncos, y el padre de ellos, el sargento ayudante retirado Héctor Hugo Juncos; los hermanos Mariano Buceta, Guadalupe Buceta y Leticia Buceta (todos policías, hijos de Mirta Graciela "la Cuca" Antón y Raúl Buceta, vinculados al temible grupo parapolicial del D2 que perpetró delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar); el subcomisario Federico Barrionuevo, uno de los jefes de la comisaría 9ª de la Castro Barros; el sargento Lucas Torres, también de Transporte; el sargento Jorge Luis Díaz (trabajaba en el Repracor) y el sargento Gonzalo José Ruffino.