Organizaciones de personas con discapacidad se movilizan en el Congreso por una ley vital

La Fundación de Desarrollo Humano Integral, Argentina Humana Inclusiva y el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras entidades, se reunieron en el Congreso para exigir la sanción definitiva de la Ley de Emergencia, que se discutiría en el Senado.

A partir de las 11:00, estuvieron presentes en la intersección de Avenida de Mayo y Entre Ríos (CABA) y en diversas ciudades del país, dado que la situación crítica del colectivo es de índole federal.

Desde la Fundación de Desarrollo Humano Integral, mediante declaraciones a Noticias Argentinas, afirmaron que la discapacidad se encuentra en un estado de crisis extrema, no solo por la pérdida de asignaciones que muchas personas ya no perciben, sino también debido al vaciamiento en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que debería garantizar sus derechos.

"En la ANDIS se produjeron 340 despidos y se ha retrocedido al modelo médico. Además, se ha acumulado un recorte del 19% en el presupuesto desde 2023. Las prestaciones están paradas, sin ajustes desde noviembre de 2024 y las obras sociales permanecen desreguladas. Más de 500.000 personas sufren las consecuencias y un millón están auditadas sin garantías o nuevas pensiones", señalaron.

También hicieron énfasis en los recortes de servicios de transporte y tratamiento en salud mental, sosteniendo que la discapacidad no puede ser una carga más que se ajuste: "Solicitamos a la sociedad que colabore en visibilizar esta emergencia".

Por otro lado, fuentes anónimas de ANDIS comunicaron a Noticias Argentinas que, en el futuro cercano, los problemas en el sector se agravarían y subrayaron que el único tema significativo en la agenda de la Agencia parece ser recortar pensiones, sin considerar a quién podría afectar.

Para concluir, el Foro Permanente advirtió que el sistema de atención a las personas con discapacidad está colapsado. El incumplimiento del Estado, la desfinanciación y la violación constante de derechos afectan a más de 250.000 personas que requieren atención y a más de 150.000 trabajadores de estos servicios.

"No podemos permitir este maltrato. No se trata de exigir privilegios, sino de salvaguardar derechos que ya están consagrados por la legislación", concluyó Eduardo Maidana, secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), parte del Foro Permanente.

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