Diez policías imputados en el caso del femicidio de Natalia Cruz por incumplimiento judicial

Buenos Aires, 28 de julio (NA) – La investigación sobre el femicidio de Natalia Cruz, ocurrido en febrero en la provincia de Salta, avanza con la imputación de diez efectivos policiales por supuestas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de medidas de protección judicial y la elaboración de un informe que podría ser falso.

La fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, comunicó que durante la pesquisa se hallaron indicios de irregularidades en la actuación del personal de la Comisaría Nº7, lo que llevó a iniciar una investigación paralela sobre el comportamiento de sus miembros.

En respuesta, la Procuración General decidió formar una Unidad Fiscal que incluye a la UFEM y a la Fiscalía de Derechos Humanos, con el objetivo de profundizar la investigación.

Con los elementos de prueba reunidos, se formalizó la investigación penal y se convocó a una audiencia para imputar a diez policías por acciones relacionadas con el femicidio, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La indagación revela que la víctima tenía una orden judicial que establecía una custodia policial como medida de protección ante reiterados episodios de violencia de género por parte de su ex pareja. Sin embargo, la custodia no fue implementada, a pesar de que el personal policial conocía la disposición.

Además, la Fiscalía sostiene que se elaboró e incorporó un informe policial con datos falsos, donde se hacía constar un supuesto intento de cumplimiento de la medida.

Las imputaciones también abarcan irregularidades en la Comisaría Nº7 de Campo Quijano durante enero y febrero de 2026, en relación con el cumplimiento de consignas policiales ordenadas en casos de violencia familiar y de género. La investigación indica que se identificaron deficiencias en la organización y control de dichas medidas.

Entre los diez imputados se encuentran el jefe de la dependencia y un efectivo que era jefe de Guardia, acusados de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.

Al jefe de la dependencia se le imputa haber promovido la creación del informe con contenido presuntamente falso y no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la custodia ordenada a favor de la víctima. El otro efectivo está acusado de haber dispuesto la elaboración del informe y de no supervisar el cumplimiento de la medida judicial.

Otros dos efectivos, un suboficial y un oficial, enfrentan cargos por falsedad ideológica. Al suboficial se le atribuye haber firmado el informe que afirmaba que la custodia había sido implementada, cuando la investigación sugiere que esto no ocurrió. El oficial está acusado de haber transmitido la orden para la elaboración del informe.

Asimismo, cuatro policías mujeres y un hombre que trabajaban en la dependencia fueron imputados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber tomado medidas para implementar la custodia o informar a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de hacerlo.

En la causa principal, se encuentra acusado Daniel Orlando Serapio, pareja de la víctima, quien se encuentra detenido con prisión preventiva desde marzo. Otros dos imputados también están privados de la libertad por encubrimiento agravado, acusados de haber colaborado en la fuga del principal sospechoso.

Serapio enfrenta cargos como presunto autor de homicidio calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio) y de desobediencia judicial.

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