Córdoba: narcos y policías en una millonaria mesa de dinero

Juan Federico

Detrás de una investigación federal por una banda narco cuya base habría sido una concesionaria de vehículos de alta gama de Villa Carlos Paz comienza a asomar una trama cada vez más espesa: ahora, se denuncia que allí funcionaba, de manera paralela, una millonaria mesa de dinero en la que habrían intervenido funcionarios policiales.

Se trata de un nuevo capítulo de una historia criminal que asoma con todos los condimentos, como hacía tiempo no se veía en la Justicia cordobesa. Un expediente federal en el que se aúnan un millonario cargamento de marihuana, un intento de narcorobo, un supuesto traficante que cambiaba de identidad y se presentaba ante la sociedad como un importante empresario, un vuelco en la autopista Córdoba-Rosario que terminó con la muerte de un reconocido ladrón, la concesionaria de vehículos de lujos, viviendas en countries y hasta un estudio jurídico. Ahora, se suma una millonaria mesa de dinero, con un número de estafados que aún nadie puede precisar con certeza, y policías apuntados en el medio de la misma maniobra.

El expediente que llevan adelante el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, y el fiscal Maximiliano Hairabedian tiene como brazo ejecutor a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Córdoba de Gendarmería.

La pesquisa se precipitó el pasado viernes 25 de junio a la madrugada, cuando un grupo de jóvenes intentó robar un millonario cargamento de marihuana oculto en el doble fondo de un camión Volkswagen S-140 que había sido estacionado 48 horas antes en el triple cruce de Eliseo Cantón, Octavio Pinto y Armengol Tecera, barrio Villa Páez, de la ciudad de Córdoba.

Un patrullero que de casualidad pasaba por allí fue alertado mediante señas por un vecino, por lo que los policías se acercaron a ver qué sucedía dentro del camión, cuya caja se movía de un lado a otro, según se cronicó en aquel momento. Fue entonces que cuatro jóvenes salieron corriendo y uno de ellos, Facundo Adrián Ríos (27), fue atrapado a las pocas cuadras. Al regresar sobre el rodado, los policías descubrieron los 382 “ladrillos” de marihuana, cuyo peso total ascendía a 268 kilos.

Mientras la Policía divulgaba ante la prensa el “exitoso golpe al narcotráfico”, la cuadra pronto se llenó de encapuchados de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que poco y nada sabían entonces sobre el origen de la droga, y de serios gendarmes que intentaban disimular su real preocupación: a esa hora, más que alegrarse por el hallazgo de la marihuana, temían que los cabecillas de la banda, a los que ellos venían escuchando desde hacía meses, se hicieran humo y todo quedara en la nada.

Eugenio Andrés Cavas (42), el apuntado, aquel día no estaba en su casa en un country en las afueras de Villa Carlos Paz, sino que había viajado a la provincia de Buenos Aires junto a un reconocido ladrón cordobés, Ramón Antonio “Zurdo” Asís (46), cuyo prontuario ya forma parte de la historia criminal local.

El sábado siguiente a la noche, cuando regresaban de urgencia a Córdoba en una cupé Mercedes Benz, volcaron en la autopista Córdoba-Rosario, cerca de Bell Ville. Asís moriría tras una semana de internación y Cavas quedaría detenido, mientras se ordenaban una serie de allanamientos simultáneos. Entre los objetivos figuraba su domicilio en el country Golf Club, ubicado en San Antonio de Arredondo.

En el Valle de Punilla, Cavas no era Cavas: se hacía llamar Javier Cañete, un supuesto empresario que acababa de inaugurar la concesionaria de autos de alta gama QS Automotores, en avenida Cárcano al 200. No era su único emprendimiento, ya que antes había montado otros negocios, entre ellos una reconocida verdulería.

Cañete era en realidad el falso nombre que adoptó al huir de Buenos Aires, donde tenía una orden de captura por un rosario de delitos: asociación ilícita, robo agravado por su comisión con escalamiento y robo agravado por el empleo de arma de fuego.

En su concesionaria, el supuesto Cañete era frecuentado por empresarios, policías, delincuentes, personajes de la noche y del espectáculo, según contarían después aquellos que lo conocieron de cerca y accedieron a dar su testimonio a Cadena 3.

Pese a que era buscado hasta por Interpol, sus fotos no dejaban de aparecer en las redes sociales promocionando sus nuevas incursiones comerciales.

“En un período de tiempo no determinado con exactitud pero que estaría comprendido entre agosto de 2020 y se extendería hasta el día de su detención, ocurrida el 27 de junio de 2021, Eugenio Andrés Cavas –ocultando su identidad bajo el nombre de Javier Cañete–, habría planificado, creado, coordinado y organizado el tráfico ilegal de estupefacientes y su financiamiento. Para disimular su actividad ilícita habría utilizado como pantalla la concesionaria QS Automotores ubicada en avenida Cárcano 296 de la Villa Carlos Paz dedicada a la compraventa de autos de alta gama con la participación de Enrique Adalberto Struck y Gastón Ignacio Quevedo como testaferros o socios ficticios del negocio. A los mismos fines habría adquirido durante el mes de mayo del corriente año la verdulería El Loco ubicada en Cárcano S/N esquina Tierra del Fuego de la misma localidad poniéndola a nombre de Mario Alberto Medina”, se apuntó en el procesamiento que se dictó hace pocas semanas en la Justicia federal de Córdoba.

De acuerdo al Boletín Oficial, la sociedad para la concesionaria QS Automotores fue creada el 18 de enero de este año, a nombre de Struck, Quevedo y de Matías Ezequiel Ahumada.

Struck es un abogado que hoy tiene 66 años y que supo tener un rol importante en una empresa estatal de la provincia.

Junto a Cavas fueron procesadas otras cinco personas vinculadas, según se presume, a la misma organización narco. Un sexto procesado es el joven que intentó robar la droga que estaba escondida dentro del camión estacionado en barrio Villa Páez.

Mesa millonaria

Por ahora, no hay imputaciones en cuanto a la presunta operación de lavado de dinero, el capítulo que ahora ha generado derivaciones importantes.

En la trama descripta en la investigación, aparece otro abogado, según se apunta en el expediente: “En relación con ambos negocios (la concesionaria y la verdulerìa), Darío J. Diale –abogado- habría instrumentado jurídica y contablemente, la documentación necesaria para que Cavas pudiera organizar el funcionamiento de ambos negocios, teniendo conocimiento de la actividad ilícita de éste o por lo menos de su imposibilidad para justificar el origen de los fondos utilizados para ponerlos en funcionamiento. Por otro lado, durante el período señalado, Cavas habría adquirido números inmuebles y vehículos, con dinero proveniente del tráfico de estupefacientes utilizando a prestanombres –aún no determinados con exactitud- para ocultar su origen y su dominio sobre ellos”.

A mediados de octubre, el abogado Carlos María Cardeilhac, en nombre de al menos tres víctimas, presentó una denuncia penal en los Tribunales de la ciudad de Córdoba. En la misma, se aseguró que detrás de la pantalla de la concesionaria QS se había montado una fenomenal mesa de dinero, de la que participaban algunos de los supuestos “testaferros” de Cavas, además de un policía, entre otras personas que aparecen nombradas en la denuncia.

En la presentación, por supuestas estafas y asociación ilícita, se indica que en esta presunta mesa de dinero se tomaban dólares bajo la promesa de un interés mensual del 10 por ciento, oferta que luego trepó al 17 por ciento. Si bien hasta ahora son un puñado de denunciantes, las fuentes contactadas por Cadena 3 aseguran que habría alrededor de un centenar de personas que perdieron sus ahorros. Varias de ellas prefieren no denunciar para no tener que explicar el origen de sus dineros.

Miles de dólares y vehículos que eran dejados para la venta figuran dentro de la modalidad usual que se denunció. Una millonaria mesa de dinero que de un día para el otro, en coincidencia con la detención de Cavas, dejó de funcionar y de dar respuestas a quienes habían invertido en ella.

Además de los socios de la concesionaria, en la denuncia aparece mencionado con un rol supuestamente clave el policía Facundo Bruno, quien en junio último también había sido noticia en otra causa penal: se lo denunció por no concurrir a su lugar de trabajo en la comisaría de Santa María de Punilla y pagarles a sus compañeros para que lo cubrieran. Por esa causa hubo otros dos jefes imputados. Bruno estuvo detenido hasta fines de octubre último, cuando recuperó la libertad, aunque continúa imputado por la fiscal Jorgelina Gómez.

En la mira. El policía Facundo Bruno, ahora denunciado, tiene otra causa penal.

Los denunciantes han aportado fotos y audios en los que este policía, que en las redes sociales suele ostentar un importante nivel de vida y se exhibe con vehículos de alta gama, toma dólares y ofrece intereses. Incluso, hay fotos de él en la concesionaria de Cavas.

En ese sentido, las informantes aseguran que Cavas se ufanaba de tener contactos con “importantes jefes policiales”.

Además, en la denuncia se nombra a un joven, hijo de un exintegrante de la Plana Mayor de la Policía de Córdoba, que habría estado involucrado en la mesa de dinero para invertir los dólares que allí llegaban en una criptomoneda. Este joven tendría vínculos judiciales y su hermano, que es policía en actividad, habría comenzado a contactar a los damnificados para pedirles paciencia, siempre de acuerdo a los datos reunidos por Cadena 3.

Como información de contexto cabe destacar que el pasado lunes 20 de septiembre, de manera sorpresiva y sin que mediara ninguna explicación oficial, más allá de un supuesto “cansancio” a sólo ocho meses de haber asumido, renunciaron los jefes de la Departamental Punilla de la Policía, Cristian Cattáneo y Elvio Agüero.

La caída de la mesa de dinero, aseguran las fuentes, tuvo su repercusión más allá de la presentación judicial. De un momento a otro, desaparecieron los autos que estaban estacionados en la concesionaria y comenzaron a irrumpir personajes de otras provincias que se acercaron de manera poca amistosa a ese local.

Por lo bajo, se iniciaron una serie de negociaciones y promesas, en medio de amenazas cruzadas, que hasta ahora no llevaron a que los dólares volvieran a aparecer. De manera paralela, comenzó a agigantarse el rumor de un domicilio que habría funcionado como una “cueva” paralela y al que ahora varios intentan identificar para llevarse los dólares antes de que llegue la Justicia e incaute todo.

La denuncia penal fue sorteada por Fiscalía General y recayó en el fiscal de la ciudad de Córdoba, Alfredo Villegas, quien entendió que la supuesta estafa se habría cometido en Villa Carlos Paz, por lo que era competencia de esa jurisdicción. El expediente viajó hacia la fiscalía de Ricardo Mazzuchi, quien poco y nada hizo hasta ahora. En el medio, la Justicia federal tomó conocimiento de esta presentación y ordenó que todo debía investigarse en ese fuero, por lo que solicitó el envío de lo actuado hasta ahora. Sin embargo, una inexplicable trama burocrática hizo que la denuncia quedara frenada en Villa Carlos Paz hasta este miércoles, cuando finalmente fue girada.

De manera coincidente, tras esta denuncia algunos de los apuntados comenzaron a borrar todas sus publicaciones en las redes sociales.