“Audios de terror” desde la cárcel: la trama detrás del soldado muerto en Olivos

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La muerte de un joven soldado del Regimiento de Granaderos a Caballo que prestaba servicio en la Quinta de Olivos derivó en una investigación judicial que dejó al descubierto una red de extorsiones telefónicas operada desde el interior de cárceles bonaerenses. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el caso permitió desarticular una organización criminal que utilizaba teléfonos celulares como “un arma” para delinquir a distancia.

El hecho ocurrió el 16 de diciembre, cuando el militar, oriundo de Formosa y de 21 años, fue hallado sin vida en su puesto de custodia. La causa quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien desde el inicio advirtió que existían elementos que excedían un suicidio convencional. Una carta y el posterior análisis del teléfono celular de la víctima resultaron determinantes para reconstruir la secuencia previa.

“Muchas veces sucede un suicidio y dicen ‘bueno, se suicidó, depresivo, lo que fuera’ y se cierra el tema. En este caso no fue así”, subrayó Monteoliva en diálogo con Radioinforme 3. Según explicó, en la carta el joven hacía referencia a una aplicación de citas y ese dato orientó las primeras pericias digitales.

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Las investigaciones revelaron que el soldado había sido víctima de una modalidad de extorsión digital que comienza a través de perfiles falsos. “Cuando se empieza a trabajar sobre el celular de este joven y se analizan las llamadas, llama la atención que impactaban adentro de una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena”, detalló la ministra.

La operatoria consistía en un primer contacto con una supuesta joven que luego derivaba en amenazas. Posteriormente, otras personas se hacían pasar por familiares, policías o fiscales, acusando a la víctima de delitos contra menores de edad y exigiendo transferencias de dinero. “Los audios son tremendos en nivel de extorsión y de presión. No existen ni las chicas, ni las presuntas madres, ni los presuntos fiscales, ni los presuntos policías”, afirmó Monteoliva.

En los allanamientos realizados se detuvo a siete personas, tres de ellas ya privadas de la libertad. Entre los apresados figura un joven de 21 años señalado como presunto líder de la organización, detenido desde hacía tres años por robo agravado y homicidio. También fueron arrestadas cuatro mujeres que, según la investigación, administraban cuentas bancarias y movimientos de dinero fuera de la prisión.

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La ministra sostuvo que la red no tenía como única víctima al soldado fallecido, sino que existirían “cientos de personas afectadas”, además de casos de robo de identidad y estafas reiteradas. “Es lo que hemos llamado una ‘pyme del delito’. Tenían grupos para comprar armas, instructivos de cómo empezar con un cuchillo y terminar con un arma de fuego. Realmente impresionante”, describió.

Monteoliva cuestionó con dureza la presencia de celulares dentro de las cárceles y apuntó a la falta de controles. “Un celular en manos de un preso es un arma, no tiene discusión. Son oficinas del delito”, enfatizó. Y agregó que durante los procedimientos “se encontraron teléfonos de alta gama y los detenidos dormían con los celulares en la mano”.

La funcionaria también relató que se reunió con la familia del joven antes de dar a conocer los avances de la causa. “Era un chico con metas, con valores muy marcados. La extorsión afecta la emoción, las decisiones y genera miedo, culpa, vergüenza”, expresó.

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El caso volvió a poner en agenda el debate sobre los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario y el uso de dispositivos móviles por parte de los internos. Mientras la investigación judicial continúa, desde el Ministerio de Seguridad insisten en que la falta de regulación efectiva permite que organizaciones criminales operen desde el interior de las prisiones con consecuencias que, en este caso, terminaron en tragedia.

Protesta policial en Rosario por reclamo salarial

Durante la misma entrevista, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, también se refirió a la situación de tensión que se vive en Rosario a partir de una protesta policial frente a la Jefatura. La funcionaria confirmó que el Gobierno nacional sigue de cerca el conflicto y que mantiene fuerzas federales desplegadas en la ciudad en el marco del Plan Bandera.

“Estamos muy atentos a lo que se requiera o el apoyo que requiera la provincia”, aseguró Monteoliva, al tiempo que precisó que mantiene comunicación permanente con autoridades locales y que el comando unificado de seguridad recibe reportes diarios sobre la situación.

Según el informe brindado desde Rosario, la manifestación se desarrolla con presencia de móviles policiales que, si bien habían salido a patrullar, permanecen concentrados en las inmediaciones de la sede policial con sirenas encendidas. Gabriel Zarla, abogado que actúa como interlocutor de los manifestantes, sostuvo que el conflicto “tomó una escala que sinceramente no queríamos” y denunció un episodio de represión que —según su versión— involucró a familiares de efectivos.

Desde los canales oficiales, en tanto, indicaron que el operativo buscó despejar el portón de ingreso para permitir la salida de patrulleros y garantizar el servicio de seguridad. De acuerdo con esos reportes, alrededor de 80 móviles se encontraban operativos, aunque una treintena permanecía en la zona del reclamo.

La ministra subrayó que las cinco fuerzas federales continúan desplegadas tanto en Rosario como en distintos puntos de la provincia de Santa Fe y remarcó que el monitoreo es constante para evitar que la situación afecte la prestación del servicio de seguridad en la ciudad.

Entrevista de Miguel Clariá

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