Exdirector de Discapacidad advirtió por la "destrucción" del sistema prestacional

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El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, cuestionó el rumbo de las políticas del Gobierno nacional en materia de discapacidad y sostuvo que detrás de las últimas medidas existe una decisión de reducir el sistema de prestaciones. Sus declaraciones se producen en medio del debate por los recursos destinados al sector, los cambios previstos en el Presupuesto 2027 y la reciente renuncia del interventor de la agencia, Alejandro Vilches.

Galarraga consideró que el Gobierno tiene definido hacia dónde avanzar y fue contundente al describir su interpretación: “Yo creo que sí, que tiene claro quedarse con la caja de la discapacidad”. En ese sentido, sostuvo que las distintas medidas adoptadas desde el inicio de la gestión forman parte de un mismo proceso y cuestionó el traslado de la Andis al Ministerio de Salud, además de lo que definió como un proceso de “destrucción” del organismo.

El exfuncionario también se refirió al impacto que tendría la eliminación del nomenclador de prestaciones. “Eliminar el nomenclador destruye el sistema prestacional de discapacidad en la Argentina”, afirmó. Según su mirada, la discusión excede ampliamente un eventual ajuste presupuestario porque se encuentra en juego el funcionamiento de un esquema que lleva cuatro décadas de desarrollo, con aspectos que pueden ser revisados y modernizados, pero cuya estructura considera necesario preservar.

Galarraga rechazó además los argumentos utilizados por el Gobierno para cuestionar la administración anterior de los recursos destinados a discapacidad. “Los procesados aquí son otros. Ninguno de nuestro equipo está procesado ni hemos prestado ninguna declaración testimonial”, señaló. Y agregó que, hasta el momento, no se encontró un elemento que haya llevado a los fiscales o jueces que investigan causas vinculadas con discapacidad a citar a integrantes de su gestión.

En esa línea, sostuvo que las críticas oficiales terminaron poniendo el foco sobre una política pública y sobre el volumen de recursos que administra el Estado. “Si la Andis manejaba el quinto presupuesto del Estado, entonces para los objetivos absolutamente economicistas, financieros, de planilla de Excel, la Andis era un bot”, afirmó Galarraga. Al mismo tiempo, reconoció que existieron procedimientos administrativos que, a su entender, no tuvieron toda la claridad necesaria para garantizar la transparencia.

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Consultado específicamente sobre su expresión “quedarse con la caja”, Galarraga explicó que se trataba de una manera coloquial de referirse al volumen de recursos que históricamente movilizó la política de discapacidad. “El presupuesto de la Andis era muy grande. Lo que se invierte en la Argentina en materia de discapacidad es muy grande porque siempre fuimos un país que avanzó en la ampliación de derechos hacia este colectivo”, sostuvo.

El exdirector de la agencia también cuestionó las auditorías realizadas sobre las pensiones por discapacidad y afirmó que durante la actual gestión existió una decisión de avanzar sobre una cantidad muy importante de beneficiarios. “A mí me mandaron a dar de baja de 300 a 500 mil pensiones, no importa cómo”, aseguró, y vinculó esa política con lo que calificó como “auditorías salvajes” y “estigmatización”. Según Galarraga, el Estado tiene un compromiso institucional e internacional de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad.

Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de descentralizar las políticas de discapacidad y transferir mayores responsabilidades a las provincias y municipios. Galarraga coincidió con la necesidad de avanzar en esa dirección, pero advirtió que debe hacerse de manera gradual. “Claramente hay que descentralizar”, afirmó, aunque aclaró que no se puede trasladar la responsabilidad sin financiamiento, programas de transición, capacitación y adecuación de los equipos que deberán hacerse cargo de esas políticas.

Para explicar su posición, recordó una situación que, según relató, ocurrió durante su gestión: un diputado cordobés había estacionado un automóvil sobre una rampa y las críticas en redes sociales apuntaban contra la Andis. “La Andis no hace nada y no puede hacer nada cuando es una cuestión urbana de la ciudad de Córdoba”, señaló. Para Galarraga, ese ejemplo demuestra que muchas veces el Estado nacional se convierte en la cara visible de una problemática cuya solución requiere coordinación entre distintos niveles de gobierno.

Finalmente, Galarraga remarcó que la política de discapacidad excede el sistema de prestaciones y pensiones. “La agenda de la discapacidad es mucho más que el sistema prestacional. Es inclusión laboral, es inclusión educativa, es participación”, sostuvo. En ese marco, planteó que esas políticas deberían desarrollarse de manera articulada entre Nación, provincias y municipios, mientras continúa el debate sobre el financiamiento, la estructura de la Andis y el alcance de las reformas que impulsa el Gobierno.

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