El miedo nos quita libertad

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   Editorial de Alberto Lotuf

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Por Alberto Lotuf

La política argentina volvió esta semana a girar alrededor de una sensación que atraviesa cada vez más la vida cotidiana: el miedo. Miedo al delito, miedo a que un hijo no esté seguro ni siquiera en la puerta de la escuela, miedo a no poder pagar las deudas y miedo también a que el Estado llegue tarde o responda de manera apresurada cuando el daño ya está hecho. El asalto y posterior tiroteo ocurrido frente a un colegio de El Palomar resume, de alguna manera, parte de ese clima. El herido fue un expolicía y padre de una alumna, y el episodio ocurrió precisamente en un lugar que debería representar todo lo contrario: rutina, cuidado y tranquilidad.

Los vecinos de El Palomar aseguran que los hechos de inseguridad aumentaron en la zona. Esa percepción se repite en muchos barrios y termina modificando hábitos elementales: a qué hora salir, por qué calle caminar, dónde estacionar, quién acompaña a los chicos o cuánto tiempo esperamos antes de abrir una puerta. El miedo organiza la vida y eso es gravísimo. Durante mucho tiempo parecía que Rosario era la ciudad argentina condenada a convivir con esa sensación de amenaza permanente. Afortunadamente, allí las cosas cambiaron, y mucho. Pero lo que sucede ahora en otros lugares demuestra que la inseguridad no es patrimonio de una sola ciudad: es un problema nacional.

Sobre ese escenario se desarrolla la discusión por el nuevo régimen penal juvenil. La jueza Marta Pascual suspendió su aplicación y defendió la necesidad de buscar alternativas a las rejas. Patricia Bullrich reaccionó con dureza y anunció que denunciará a la magistrada; otros legisladores también hablaron de una denuncia y hasta de un eventual juicio político. En el medio queda una sociedad cansada de la inseguridad, pero también un sistema político demasiado acostumbrado a ofrecer respuestas rápidas para problemas que son profundamente complejos. Una nueva ley puede ser necesaria, pero una ley por sí sola no resuelve nada.

Si el Estado baja la edad de imputabilidad pero no crea institutos adecuados, equipos profesionales, programas educativos y mecanismos reales de reinserción, la reforma corre el riesgo de convertirse simplemente en una consigna. Y tampoco podemos desconocer que hay adolescentes que cometen delitos graves y que la sociedad necesita respuestas concretas. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la responsabilidad individual, la protección de las víctimas y la posibilidad de que un menor pueda reconstruir su vida. Ni impunidad ni respuestas improvisadas. Justicia, prevención y capacidad institucional.

A esa discusión se sumó el allanamiento de la casa de un adolescente en Quilmes, sospechado de planificar una matanza escolar con ayuda de inteligencia artificial. La responsabilidad sigue siendo humana, por supuesto, pero estas herramientas pueden facilitar información y ayudar a organizar una amenaza. Entonces aparece una pregunta enorme que todavía no tiene respuestas sencillas: ¿cómo se detectan estas conductas? ¿Hay alertas? ¿Se monitorean determinados riesgos? ¿Hasta dónde se puede controlar el uso de la inteligencia artificial sin transformar cada conversación en un acto de vigilancia? Este va a ser uno de los grandes debates de los próximos años. Y tendremos que darlo sin demonizar la tecnología, pero tampoco siendo ingenuos frente a sus riesgos.

La seguridad, de todos modos, no se resuelve solamente con una nueva ley penal. El tiroteo de El Palomar obliga a mirar algo mucho más cercano: la presencia policial, la prevención, la investigación criminal y la capacidad del Estado para anticiparse a los hechos. Prevenir antes que curar. Saber dónde están los puntos críticos, cómo funcionan las bandas, qué información tienen las fuerzas de seguridad y cómo se articulan con la Justicia. Porque después de un delito podemos detener al responsable, pero la verdadera eficacia del Estado se mide también por su capacidad para evitar que ese delito ocurra.

La economía aporta su propia forma de angustia. Cristian Ritondo reconoció que existen alrededor de 40 proyectos en el Congreso relacionados con la morosidad y advirtió que muchas personas toman créditos sin saber cuándo terminarán de pagarlos. Hay que ayudar, dijo, pero sin hacer populismo. Y esa es otra expresión del miedo que atraviesa a la sociedad: el temor a no llegar a fin de mes, a quedar atrapado en una deuda, a perder el trabajo o a que una decisión económica familiar termine siendo imposible de sostener. Javier Milei insiste en que su gobierno está llevando adelante una transformación profunda, conserva fortaleza política, mantiene un rumbo reconocible y tiene una narrativa que sus seguidores comprenden. Pero a medida que pasa el tiempo aparece una pregunta mucho más sencilla: ¿la gente vive mejor?

Axel Kicillof intenta crecer políticamente sobre ese malestar y consolidarse como uno de los principales referentes del peronismo frente a Milei. El gobernador bonaerense cuestiona el programa económico y tiene derecho a hacerlo. Pero criticar al Gobierno no alcanza. También deberá explicar qué propone, cómo financiaría sus políticas y, fundamentalmente, cómo evitaría repetir los desequilibrios que contribuyeron a la crisis actual. Y tiene otra obligación todavía más inmediata: responder por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, un reclamo que cada vez formulan con mayor fuerza vecinos e intendentes. La oposición necesita una alternativa y esa alternativa no puede construirse únicamente sobre el rechazo a Milei.

Si miramos hacia el exterior, encontramos un escenario igualmente contradictorio. Las definiciones de Donald Trump sobre Malvinas generaron expectativas, pero sería apresurado confundir sus palabras con un cambio de fondo en la política exterior estadounidense. Washington mantiene una relación estratégica con Londres que difícilmente pueda alterarse por una declaración. Trump, además, vuelve a enfrentar una prueba electoral y utiliza una fórmula que conoce muy bien: hablar directamente al bolsillo de los votantes. La propuesta de entregar dólares combina alivio económico y cálculo político. Cuando una sociedad desconfía del futuro, un beneficio inmediato suele resultar mucho más atractivo que una promesa de largo plazo.

Y algo parecido vemos en Europa con el avance de la derecha en Alemania. La inmigración, el costo de vida, la inseguridad y el desgaste de los partidos tradicionales empujan a muchos ciudadanos hacia dirigentes que prometen recuperar el control. No todas estas experiencias son iguales, pero comparten un clima: millones de personas sienten que el mundo cambia demasiado rápido y que quienes gobiernan ya no consiguen protegerlas. Por eso creo que el gran desafío de la política contemporánea es gobernar los temores sin utilizarlos como combustible electoral. Ofrecer autoridad sin autoritarismo. Prevención antes que discursos. Justicia sin abandonar la ley. Porque una sociedad que empieza a organizar su vida alrededor del miedo termina perdiendo algo mucho más importante que la seguridad: termina perdiendo libertad.

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