Baja de imputabilidad: juez advierte por falta de preparación y habla de "terraplanismo punitivista"

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   Radioinforme 3 Rosario

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El debate por la baja de la edad de punibilidad ocupó durante meses la agenda política, los medios y las redes sociales. La discusión terminó en el Congreso: el nuevo régimen estableció que adolescentes desde los 14 años puedan ser alcanzados por una pena.

Ahora queda una pregunta bastante menos atractiva para los algoritmos, pero decisiva: ¿está preparado el Estado para aplicar lo que aprobó?

A pocas semanas de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el juez penal juvenil de Rosario Alejandro Cardinale encendió una luz de alerta.

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“Esta ley trae bastantes otras intervenciones estatales complejas. Pasado el debate, pasados los titulares de los diarios, de los medios de comunicación, viene el momento de la verdad: la implementación”, advirtió en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Para Cardinale, la discusión pública quedó excesivamente concentrada en la edad de punibilidad y dejó en segundo plano todo lo que deberá hacer el Estado cuando la ley efectivamente comience a funcionar.

Y enumeró algunas: “Cuando se detectan vulnerabilidades de derechos, cuando se detectan situaciones de salud mental, fundamentalmente en términos de adicción a estupefacientes o alcohol, entonces, ¿qué hacer?”.

Su respuesta apunta directamente a la necesidad de un Estado preparado para intervenir más allá de jueces, fiscales y policías.

“Ahí entran muchos otros organismos. No es la Justicia penal, sino que deben entrar organismos de protección, fundamentalmente organismos de salud, de desarrollo social, de desarrollo humano. Lo cual necesita una articulación fundamental”, explicó.

“Al día de hoy no hay información oficial”

Cardinale puso el foco especialmente en lo que debería ocurrir antes del inicio del nuevo régimen.

La ley contempla aportes nacionales y exige adecuaciones institucionales para que las provincias puedan implementar el sistema.

“La ley prevé que hay un aporte que Nación hace a las provincias a través del Ministerio de Justicia de la Nación. Esto yo desconozco si se ha efectivizado, ese traspaso, esa transferencia de fondos”, señaló.

Pero inmediatamente agregó una advertencia más fuerte: “Al día de hoy no hay información oficial, ya sea desde el Poder Judicial o desde el Ejecutivo o desde el Poder Legislativo.”

Según Cardinale, tampoco se concretaron todavía algunas de las adecuaciones legislativas contempladas por la nueva normativa.

“Había algunas adecuaciones en términos legislativos que invita esta ley a adherir, que no se han dado. Hoy, hasta el momento, eso no se ha dado”, afirmó.

El juez reconoció que existen movimientos dentro del Estado para comenzar a preparar la implementación, aunque marcó una diferencia respecto de dónde provienen.

“Hay incipientes intentos de funcionarias, funcionarios de líneas menores, no en términos de las altas esferas decisionales de estos poderes”, sostuvo.

“Una persona de 14 años puede ser condenada”

La discusión deja de ser abstracta cuando se analiza qué ocurrirá una vez que el régimen entre en vigencia.

“Con esta nueva ley vamos a tener la posibilidad de condenar a una persona de 14 años de edad”, señaló Cardinale.

Y remarcó inmediatamente la obligación que eso genera para el Estado: “La ley requiere que esa condena debe desarrollarse en institutos especializados”.

La pregunta, entonces, es con qué estructuras contará el sistema para hacerlo. Cardinale mencionó, entre otras herramientas, la asesoría tutelar y la figura del supervisor previstas por la legislación.

Y lo resumió de una manera directa: “Son oficinas, son personas, cargos, plata, que este sistema prevé para acompañar y para diferenciar una respuesta estatal. Es lo que no aparece hasta el día de hoy”.

“No hay información que nos dé herramientas como jueces, como operadores del sistema, para brindar una respuesta especializada, específica”, agregó.

“Terraplanismo punitivista”

Después de la advertencia sobre la implementación, Cardinale se metió de lleno en otro de los debates que atravesaron las redes sociales durante la discusión de la ley: qué respuesta merece un adolescente que comete un delito grave.

Y cuestionó con dureza uno de los eslóganes utilizados durante esos debates. “Hemos escuchado, y creo que prendió mucho como eslogan, ‘delito de mayor, pena de mayor’”, sostuvo. Para el juez, esa equivalencia es directamente una “falacia”.

“Ya no entra dentro de lo que podemos categorizar como populismo punitivista, sino que es casi más cercano al terraplanismo punitivista”, lanzó.

Cardinale explicó por qué considera equivocada la equiparación automática entre adolescentes y adultos. “La educación que le vamos a brindar a una persona de 14 no es la misma que la de una persona de 25. No es lo mismo que una piba de 14 años trabaje ocho o diez horas diarias a que lo haga una persona de 40 años. No es lo mismo ningún embarazo adolescente que un embarazo de una persona adulta”.

Y concluyó: “Entender que una conducta disvaliosa, un delito penal, debe tener una respuesta similar a la de un adulto entra también dentro de una categoría que no merece mucho más análisis”.

La respuesta estatal y la sanción penal

Cardinale aclaró, sin embargo, que su posición no supone rechazar la prisión para adolescentes que cometan delitos graves.

“La respuesta estatal, claro está, no puede renunciar a lo que es la sanción penal y, en ese marco, a la privación de la libertad”, afirmó.

Y habló desde su propia función: “Una de las tareas que hago cotidianamente es aplicar pena o es ordenar que una persona menor de edad vaya tras las rejas. No estoy diciendo que esa herramienta no puede ser usada”.

Su diferencia está en cuándo y cómo debe utilizarse

“Digo que debe ser usada como último recurso, previo a que el Estado haya desplegado medidas de protección, medidas de un posible desarrollo como persona”, explicó.

“¿Nos ponemos como cibergendarmes o faltó diálogo?”

Sobre el final, Cardinale llevó el debate a un terreno especialmente sensible para una época atravesada por redes sociales, algoritmos, teléfonos celulares y nuevas formas de captación de adolescentes.

Ante la pregunta sobre cómo proteger a la sociedad frente a menores involucrados en hechos extremadamente graves o cooptados por organizaciones criminales, el juez respondió con una serie de interrogantes.

“¿Qué faltó ahí? ¿Faltó mayor control? ¿Falló que pongamos aplicaciones de celulares que controlen a los chicos, que nos pongamos como cibergendarmes? ¿O faltó diálogo, o faltó lazo social, o faltó club, o faltó juego comunitario, o faltó posibilidad de que la palabra fluya, sea escuchada?”.

Y dejó planteada la discusión de fondo: “Si como sociedad no nos preguntamos qué ha sucedido para que un adolescente agarre un arma, piense, lleve y agreda a otros compañeros, y la única respuesta posible para protegernos es la pena, bueno, eso nos va a definir como sociedad”.

El Congreso ya tomó una decisión sobre uno de los puntos más discutidos: bajar la edad de punibilidad.

Para Cardinale, sin embargo, ahora comienza la parte menos viral y más compleja: tener instituciones, profesionales, lugares y recursos para que esa ley pueda aplicarse.

“Espero que no sea así. Nos encontramos con que dentro de muy poquitas semanas lo que va a operar de pleno derecho es que una persona de 14, 15 años que hasta hoy es considerada no punible sea pasible de pena. Pero todas las otras condiciones (...) son oficinas, son personas, cargos, plata (...) que es lo que no aparece hasta el día de hoy”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.

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