Segundo golpe de Preska: la jueza ahora pide más acciones de YPF para otro fondo
La magistrada del Distrito Sur de Nueva York emitió un segundo fallo contra Argentina el mismo día. Ahora le ordenó entregar más acciones de YPF, esta vez, para pagarle al fondo Bainbridge.
30/06/2025 | 19:06Redacción Cadena 3
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, también le ordenó a la Argentina, a través de un nuevo fallo, que le entregue las acciones en su poder de YPF al fondo buitre Bainbridge, que cuenta con una sentencia a su favor y en contra del país por US$95 millones más intereses por la deuda en default.
De esta manera, es el segundo fallo dictado este lunes contra el país, luego de que la magistrada haya ordenado que Argentina le entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar US$16.100 millones.
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Sentencia impactante. La jueza Preska ordenó que Argentina ceda el 51% de las acciones de YPF
La jueza Loretta Preska, de Nueva York, ordenó que Argentina le entregue el 51% de YPF a los fondos buitre. Es por el juicio por la expropiación.
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Según indicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, este nuevo fallo se debe como “pago parcial de una sentencia separada relacionada con deuda soberana en default”.
“En un segundo fallo emitido el mismo día, la jueza federal de distrito Loretta Preska ordenó a la República Argentina transferir sus acciones de YPF al fondo Bainbridge como pago parcial de una sentencia separada relacionada con deuda soberana en default. Esto marca la segunda decisión adversa en un solo día relacionada con la participación de Argentina en la empresa petrolera nacional”, aseguró en sus redes sociales.
Bainbridge, además, es el fondo que había solicitado información sobre el oro en las reservas del Banco Central (BCRA) que había sido sacado del país.
En el mismo día, la jueza Preska ordenó que Argentina le entregue el 51% de sus acciones de YPF a los fondos buitre.
La orden fue dictada en línea con la exigencia elevada a principios del 2025 para que la Argentina brinde información sobre activos, entre los que incluyó el oro y acciones de otras empresas estatales.
