Un todo contra todos en el carancheo del presupuesto municipal

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Por Adrián Simioni

La tragedia del asesinato de Agostina Vega a manos de Claudio Barrelier desencadenó un efecto dominó que expone la trama más oscura de la política local, configurando una suerte de "House of Cards del subdesarrollo". Lo que comenzó como la indignación social ante un crimen aberrante derivó en un cruce de acusaciones, amenazas ventiladas al aire y la confirmación de cómo se utiliza el Estado municipal como una agencia de colocación.

El último capítulo de este enfrentamiento involucra directamente al ex concejal Ricardo Moreno y al actual edil Gustavo Pedroca. Tras la acusación de Pedroca, quien afirmó que Moreno había amenazado a su hija por pedirle la renuncia, el abogado penalista salió al cruce vinculando la denuncia a una feroz interna por el sello de las "62 Organizaciones Peronistas", espacio que Moreno alineó históricamente con el oficialismo provincial. El cruce dejó en el ambiente la incómoda certeza de que existen secretos compartidos que nadie se atreve a blanquear.

Sin embargo, el trasfondo de la disputa revela un entramado mucho más profundo sobre el destino del presupuesto público. La investigación del crimen de Vega permitió saber que el femicida, Claudio Barrelier, había ingresado a la estructura municipal por recomendación de Moreno —cuyo estudio jurídico lo defendió y pagó su fianza en una causa anterior— y que acumuló tres semanas sin trabajar en el municipio sin que nadie lo advirtiera.

A esto se sumó el escándalo por la contratación de tres hijas de Moreno en distintos niveles del Estado (EPEC, Municipalidad y Provincia), lo que reavivó el debate sobre el financiamiento de proyectos personales con el dinero de los contribuyentes. Lejos de la autocrítica, las explicaciones oficiales profundizaron la polémica: el viceintendente Javier Pretto justificó los ingresos al señalar con normalidad que al Estado municipal se ingresa "por mérito, por concurso o por militancia".

Hasta el momento, el intento de control de daños por parte del Ejecutivo municipal se limitó al "desplazamiento" de 13 personas del área de Movilidad Urbana, aunque se desconoce si continúan percibiendo sus haberes.

Mientras tanto, el debate en la Legislatura provincial evitó ir al hueso de la cuestión fundamental: cómo y para qué se gasta el dinero público. En su lugar, la sesión se diluyó en chicanas cruzadas donde el oficialismo acusó a la oposición de "caranchear" con la tragedia. La realidad que emerge al levantar la baldosa expone un carancheo real sobre el Estado municipal, donde conviven acomodados, familiares y marginales. Si este esquema de corrupción y favores no se frena, los recursos públicos jamás serán suficientes para cubrir las necesidades de los ciudadanos que pagan sus impuestos.

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