Fraude por US$ 2.400 millones: cómo joder a los discapacitados

Por Adrián Simioni

Ayer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiró unos datos escalofriantes sobre las pensiones por invalidez. Como ya se sabe que muchísimas son truchas, el tema pasó inadvertido. Y la verdad vale la pena detenerse en lo grotesco del fraude que se comete contra la población que realmente padece una discapacidad o una invalidez.

Todo mueve la cola, babea y ladra como un fraude de dimensiones oceánicas con fines clientelares, electorales.

Primero, señaló Francos, el volumen increíble. En 2003 había 79 mil pensiones por invalidez en todo el país. Año a año se incrementaron -excepto del período del presidente Macri- hasta llegar a 1.215.000 en 2023. Se multiplicaron por 15, sin una guerra, sin una epidemia de poliomielitis, sin una catástrofe natural tras otra, sin que de pronto todos hayamos pasado a trabajar en industrias de alto riesgo.

Segundo. La prueba: se hizo una auditoría de sobre 3.000 pensiones tomadas al azar. El 80% no cumplen los requisitos. Si esto se proyecta al total, el Estado está pagando cada año 2.400 milllones de dólares de más, sin fundamento. Es casi casi lo que cuesta el aumento de jubilaciones que decidieron los diputados anteayer.

Tercero. Las diferencias geográficas son una demostración olímpica del fraude:

-Caso Corrientes: las pensiones no se multiplicaron por 15, como en todo el país, sino por 34. ¿Hubo una guerra civil en Corrientes y no nos avisaron?

-Caso Santiago del Estero: tiene un tercio de la población de Santa Fe, pero tiene casi el doble de pensiones que Santa Fe. Per cápita, tiene más de 5 veces las pensiones que Santa Fe. ¿Podría ser que la diferencia se explique porque una población más pobre tiene más incidencia de discapacidad. Puede ser. Pero este caso siguiente que nos toca bien de cerca demuestra que lo que explica la diferencia es el fraude.

-Caso Córdoba: esta provincia, que tiene casi la misma cantidad de habitantes que Santa Fe y niveles socioeconómicos similares, tiene 50% más de pensiones que Santa Fe. Un fraude clarísimo y grotesco.

Ahora tiene que venir un “gobierno de los malos” que retire las pensiones malhabidas a gente que hace dos décadas vive de ellas. Ojalá no quede en eso. Porque lo que hay que hacer es ver qué médicos, qué intendentes, qué trabajadores sociales falsearon cientos de miles de certificados y dictámenes para producir este fraude, nos condenaron a los contribuyentes a pagar 2.400 millones de dólares por año que se quemaron y se dedicaron a quedar bien con votantes, familiares, amigos o simplemente con sus conciencias buenistas, haciéndose los buenitos, con dinero ajeno, pero condenando a decenas de miles de personas con discapacidades verdaderas a recibir mucho menos de lo que podrían haber recibido. Estaría muy bueno que fueran identificados, procesados, condenados y que perdieran sus matrículas. De una buena vez.

Temas