Terremoto en Panamá: declaran estado de emergencia y destinan US$100 millones para reconstrucción

El Gobierno de Panamá declaró un estado de emergencia nacional este sábado, en respuesta a los efectos del terremoto que azotó al país el viernes. Esta medida permitirá la movilización de US$100 millones para brindar asistencia a los damnificados, restaurar infraestructuras y atender a las comunidades más impactadas.

La resolución fue aprobada por el Consejo de Gabinete bajo la dirección del presidente José Raúl Mulino, tras analizar los informes proporcionados por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otros organismos que trabajan en las áreas afectadas por el sismo.

Los recursos estarán destinados a financiar ayuda humanitaria, reparaciones urgentes y la recuperación en las provincias más perjudicadas, mientras las autoridades continúan evaluando el impacto total del movimiento telúrico y sus réplicas.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, enfatizó que la prioridad del Gobierno es asistir a las familias afectadas y asegurar que los recursos institucionales estén disponibles para coordinar una respuesta integral en las comunidades damnificadas.

El presidente Mulino también ordenó a los miembros de su gabinete que se mantengan activos en las áreas afectadas y que utilicen todos los recursos de sus respectivas instituciones para acelerar las tareas de asistencia y recuperación.

Como parte de la respuesta, el Gobierno ha creado una comisión de alto nivel que incluye al ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; la viceministra Mirna Luque; y el ministro Orillac. Esta comisión se encargará de coordinar la ayuda humanitaria, gestionar donaciones y planificar las obras de reconstrucción futuras.

Las autoridades han habilitado el Parque Omar, en la capital panameña, como centro de acopio para recibir donaciones de alimentos, agua y artículos de primera necesidad. Asimismo, las gobernaciones provinciales funcionarán como puntos de recepción y distribución de asistencia para las comunidades afectadas.

El balance actualizado del Sinaproc indica que el terremoto dejó 27 heridos, todos con lesiones de leve a moderadas, y hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.

La subdirectora general de Sinaproc, Malitzie Rivera, mencionó que los equipos técnicos siguen inspeccionando infraestructuras públicas y privadas para evaluar el nivel de daños y establecer condiciones de seguridad necesarias para su funcionamiento.

El informe oficial destaca que al menos 21 centros de salud sufrieron daños de diferentes magnitudes, y los ingenieros están realizando evaluaciones detalladas antes de autorizar su uso completo.

Las inspecciones también abarcaron más de 426 viviendas, donde se identificaron daños que varían desde problemas menores hasta pérdidas totales en algunos casos.

El sector educativo ha sido uno de los más afectados. El Ministerio de Educación reportó daños en 419 escuelas distribuidas en diversas regiones del país.

El ministro de Educación, Ventura Vega, recordó que tras el sismo se ordenó la suspensión de clases y actividades administrativas en el sistema educativo público como medida de precaución.

Este domingo se anunciará si las actividades académicas pueden reanudarse con normalidad el lunes 12 de octubre, dependiendo de los resultados de las inspecciones estructurales y de las condiciones de seguridad de cada establecimiento.

Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas han concentrado gran parte de los daños reportados, aunque las afectaciones también se han extendido a Chiriquí, Bocas del Toro, la provincia de Panamá y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá.

Entre los episodios más preocupantes informados se encuentra la evacuación de unas 300 personas en la isla de Cañas, donde el aumento del nivel del agua tras el sismo obligó a trasladar preventivamente a los residentes a zonas seguras.

Los evacuados están recibiendo asistencia alimentaria y sanitaria mientras se trabaja para garantizar el suministro de medicamentos y otros insumos esenciales.

La respuesta del Gobierno también cuenta con el apoyo de 419 efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), desplegados en diferentes puntos del país para ayudar en tareas de seguridad, logística y asistencia humanitaria.

Desde poco después del terremoto, brigadas de emergencia han estado distribuyendo agua potable, alimentos y artículos de primera necesidad en las localidades afectadas, mientras que profesionales especializados brindan apoyo psicológico a las familias que han sufrido pérdidas materiales o desplazamientos temporales.

Las autoridades han implementado mecanismos de asistencia para personas con discapacidad auditiva mediante intérpretes de lengua de señas, facilitando así la comunicación y el acceso a los servicios de emergencia.

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que la comisión especial trabajará en la coordinación de las ayudas ciudadanas y en la planificación de las intervenciones necesarias para restaurar la infraestructura dañada.

El terremoto se produjo a las 12:56 del viernes, con su epicentro en la península de Azuero. Desde entonces, una serie de réplicas ha mantenido en alerta a la población y a los organismos de emergencia, que continúan actualizando el balance de daños y supervisando las condiciones de seguridad en todo el país.

El Gobierno panameño se compromete a mantener informada a la población sobre la evolución de la emergencia, mientras avanza la evaluación definitiva de los daños y se definen las obras de reconstrucción necesarias para recuperar las regiones afectadas.

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