Senadores buscan cambiar iniciativa que permite a ejército operar como antes de choque aéreo en D.C.

Senadores de ambos partidos presionaron el jueves para realizar cambios en un enorme proyecto de ley de defensa después de que investigadores y familiares de las víctimas advirtieron que la iniciativa revertiría importantes reformas de seguridad derivadas del choque entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército sobre Washington, D.C., en el que murieron 67 personas.

La directora de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus iniciales en inglés) que investiga el accidente, un grupo de familiares de las víctimas y miembros de la Comisión de Comercio del Senado aseguraron que la iniciativa de ley que la Cámara de Representantes avanzó el miércoles restaría seguridad en los cielos de Estados Unidos. Añadieron que la medida permitiría que el ejército opere prácticamente de la misma manera en que lo hacía antes del accidente de enero pasado, el más mortífero en más de dos décadas.

La senadora demócrata Maria Cantwell y el presidente de la Comisión, el republicano Ted Cruz, presentaron el jueves dos enmiendas para eliminar las preocupantes disposiciones de seguridad de helicópteros y reemplazarlas con un proyecto de ley que introdujeron el verano pasado para fortalecer los requisitos. De momento se desconoce si la cúpula republicana permitirá cambios a la Ley de Autorización de Defensa Nacional en esta etapa, debido a que retrasaría su aprobación.

"Les debemos a las familias el consagrar en la ley mejoras reales de seguridad, en lugar de otorgarle al Departamento de Defensa mayores lagunas que puedan explotar", dijeron los senadores.

En este momento, el proyecto de ley incluye excepciones que permitirían que los helicópteros militares vuelen a través del congestionado espacio aéreo sobre la capital del país sin usar un sistema clave llamado ADS-B para transmitir su ubicación, tal como sucedió antes del choque de enero pasado.

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) comenzó a exigir el uso del ADS-B en marzo. La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, calificó la propuesta de ley como un "significativo retroceso en materia de seguridad" que invita a que ese desastre se repita.

"Representa un riesgo inaceptable para los viajantes aéreos, para las aeronaves comerciales y militares, las tripulaciones y para los residentes de la región", dijo Homendy. "También es un impensable menosprecio a nuestra investigación y a 67 familias que perdieron seres queridos en una tragedia que era completamente prevenible. Esto es vergonzoso".

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo que está analizando las preocupaciones, pero cree que se pueden abordar mediante una rápida aprobación de la iniciativa de seguridad aérea que Cruz y Cantwell propusieron a mediados del año.

"Creo que eso resolvería las preocupaciones que la gente tiene sobre esa disposición, y espero — veremos si podemos encontrar un camino a seguir para que se apruebe ese proyecto de ley", dijo el republicano Thune.

Las fuerzas armadas utilizaron exenciones de seguridad nacional antes del accidente para eludir los requisitos de seguridad de la FAA, argumentando que les preocupaban los riesgos de divulgar la ubicación de sus helicópteros. Tim y Sheri Lilley, padres del primer oficial en el avión de American Airlines, dijeron que este proyecto de ley es sólo "una solución superficial que continuaría permitiendo dejar de lado los requisitos con nada más que una evaluación de riesgo superficial".

Homendy dijo que sería ridículo confiar en las fuerzas armadas para evaluar los riesgos de seguridad cuando no son los expertos, y que ni el Ejército ni la FAA notaron 85 incidentes cercanos en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en los años previos al accidente. Aseguró que las fuerzas armadas no saben llevar a cabo ese tipo de evaluaciones de riesgos, y agregó que ninguna de las personas que redactó la iniciativa se molestó en consultar a los expertos de la NTSB que sí saben.

La Casa Blanca y el ejército no respondieron de momento a preguntas sobre estas preocupaciones de seguridad. Pero a principios de esta semana, Trump dejó en claro que quiere promulgar la Ley de Autorización de Defensa Nacional, debido a que avanza en varias de sus prioridades y proporciona un aumento salarial del 3.8% para muchos miembros de las fuerzas armadas.

Se tiene previsto que el Senado aborde el proyecto de ley la próxima semana, y parece poco probable que se realicen cambios finales. Pero el Congreso se va de vacaciones al final de la semana, y el proyecto de ley de defensa se considera algo que debe aprobarse antes de fin de año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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