Puerto Rico aprueba proyecto costero de lujo de 2.000 millones que enfrenta oposición ambientalista

SAN JUAN — La administración de Puerto Rico ha autorizado la creación de un ambicioso desarrollo costero que requerirá una inversión de 2.000 millones de dólares en la región suroccidental de la isla. Este proyecto, denominado Esencia, ha suscitado una fuerte oposición por parte de ambientalistas, quienes advierten que podría generar una presión significativa sobre los recursos locales y amenazar la biodiversidad del área.

El desarrollo se llevará a cabo en una extensión de 809 hectáreas (2.000 acres) en el municipio costero de Cabo Rojo. Según los planes, se incluirán 500 habitaciones de hotel de lujo, 1.200 viviendas privadas, dos campos de golf, un centro ecuestre, una escuela que ofrecerá educación desde kínder hasta duodécimo grado, y un centro médico que funcionará las 24 horas.

En un comunicado emitido el viernes, las empresas Reuben Brothers y Three Rules Capital, responsables del proyecto, afirmaron que más del 75% del área se destinaría a la conservación y espacios verdes, incluyendo la restauración de aproximadamente 13,3 hectáreas (33 acres) de humedales, así como la rehabilitación de dunas costeras y ecosistemas de manglares.

Asimismo, se destacó que el desarrollo operará completamente con energía renovable y contará con su propia infraestructura de agua y energía. Hasta el momento, han confirmado su participación marcas hoteleras de renombre como Mandarin Oriental y Rosewood Hotels & Resorts.

La aprobación del proyecto fue emitida por la Junta Adjudicativa de la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico, y se comunicó a la prensa el viernes. Sin embargo, ha generado un descontento considerable entre grupos ambientalistas. La Coalición Defiende a Cabo Rojo, que se opone al desarrollo, argumentó que los residentes locales y expertos debieron tener la oportunidad de expresar sus preocupaciones antes de la decisión.

"La participación ciudadana no es un favor que concede una agencia; es un principio fundamental del debido proceso y una garantía indispensable cuando están en juego nuestros recursos naturales, el agua, las comunidades y el futuro del municipio", señaló la coalición. Entre los críticos se encuentra Braulio Quintero, director ejecutivo del Instituto para la Investigación Socio-Ecológica de Puerto Rico, quien aseguró: "Nosotros vamos a luchar (contra) esto en todos los foros posibles. Estas son serias amenazas a nuestra sostenibilidad como pueblo".

Por su parte, Roberto Ruiz Vargas, director de operaciones y socio de Three Rules Capital, aseguró que una de las prioridades del proyecto será garantizar el acceso público a la playa y construir un sistema de agua que no dependa de la infraestructura pública. Detalló que el 75% del agua utilizada provendrá de fuentes reutilizadas, como aguas residuales y recolección de agua de lluvia, mientras que el restante 25% se obtendrá de agua subterránea para el consumo potable.

"Lo primero que tenemos que tener claro es que no estamos recurriendo a la infraestructura pública", expresó. "No nos vamos a conectar a esos frágiles sistemas de agua", agregó, asegurando que el desarrollo no afectará a un valle agrícola cercano ni usará sus fuentes de agua.

Además, destacó que, aunque el proyecto esté exento de impuestos municipales, se comprometieron a aportar 40 millones de dólares en mejoras públicas que determine el gobierno local. Los desarrolladores han enfatizado que se protegerá el medio ambiente y se mantendrá el acceso público a la playa. Según estimaciones, se espera que el proyecto genere más de 17.000 empleos y establezca un nuevo estándar para un "desarrollo de lujo con conciencia ambiental". Las ventas de propiedades comenzarán más adelante este año, con la expectativa de recibir a los primeros residentes y huéspedes hacia finales de 2029.

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