Panamá ocupa puertos del Canal tras fallo judicial contra concesión hongkonesa

CIUDAD DE PANAMÁ — El gobierno de Panamá tomó el control de los dos puertos ubicados en las entradas del Canal de Panamá después de que se confirmara un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión otorgada al conglomerado hongkonés CK Hutchison.

El presidente José Raúl Mulino emitió un decreto para la ocupación temporal de estas instalaciones por "motivo de interés social urgente". Las empresas APM Terminals, parte del grupo danés Maersk, y TIL Panamá, filial de la belga MSC, se encargarán de la administración temporal de los terminales de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), mientras se lleva a cabo una nueva licitación.

La Panama Ports Company (PPC), que es la filial de Hutchison, rechazó la ocupación, considerándola ilegal, y anunció que buscará un arbitraje internacional para reclamar daños derivados de la rescisión del contrato. PPC también amenazó con demandar a APM Terminals si esta comienza a operar la concesión, aunque la compañía danesa se defendió afirmando que no es parte de la disputa legal.

La situación en torno a estos puertos refleja una rivalidad más amplia entre Estados Unidos y China, donde Panamá se encuentra en el centro del conflicto. El expresidente estadounidense Donald Trump había advertido que China estaba tomando el control del canal. En marzo de 2025, ante las presiones de Trump, CK Hutchison anunció la venta de ambos puertos a un consorcio que incluye a la firma estadounidense BlackRock, lo que provocó una rápida intervención del gobierno chino, que paralizó el acuerdo.

Los puertos de Balboa y Cristóbal son cruciales para el sistema portuario de Panamá, que actúa como un centro de transbordo global. En 2025, estos terminales, junto con otro puerto fuera del canal, movilizaron cerca de 9,9 millones de TEUs, lo que representa aproximadamente entre el 4% y el 5% de la carga mundial, según datos del presidente del Consejo Empresarial Logístico en Panamá, Ángel Sánchez.

A pesar de ser terminales del canal, Cristóbal y Balboa no son gestionados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Tras la ejecución del fallo, la ACP informó que las operaciones en el canal continúan con normalidad. La ACP está en proceso de licitar nuevos puertos en las mismas áreas, que estarían bajo su administración.

El gobierno panameño ha aclarado que la ocupación de los puertos no es una expropiación, sino una medida urgente para asegurar la operación de estas terminales estratégicas, sin afectar a los más de 7.000 trabajadores. Se asignaron 26 y 15 millones de dólares a APM Terminals y TIL Panamá, respectivamente, durante un periodo de 18 meses. El presidente Mulino aseguró que ambos puertos "avanzan rápidamente en la normalización".

Sin embargo, las autoridades judiciales, en colaboración con la Autoridad Marítima de Panamá, han realizado allanamientos en las oficinas de PPC, incautando documentos como parte de una investigación. PPC ha denunciado lo que considera una grave violación del estado de derecho.

Por su parte, PPC ya anunció su intención de iniciar un arbitraje internacional, argumentando que el gobierno panameño ha llevado a cabo una campaña en su contra. La empresa reclama una indemnización que podría superar los 1.500 millones de dólares.

La situación también ha atraído la atención de China, que ha expresado su apoyo a los derechos de las corporaciones de Hong Kong. Mulino, por su parte, ha manifestado que respeta el fallo judicial y no teme represalias de China, resaltando que el país asiático necesita el canal.

A pesar de que el canal es administrado exclusivamente por Panamá desde su traspaso por Estados Unidos en 1999, Trump había insinuado que la vía estaba bajo control chino, lo que llevó a una serie de intervenciones políticas y económicas en la región. A medida que se desarrollan los acontecimientos, el gobierno panameño se prepara para el proceso de selección de un nuevo operador para los puertos.

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