La nueva orden del presidente colombiano sobre deportaciones crea incertidumbre en venezolanos

BOGOTÁ — La reciente orden del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, de iniciar operativos contra inmigrantes en situación irregular ha generado una gran incertidumbre entre la población venezolana que reside en el país. Esta medida afecta particularmente a aquellos que aún no han regularizado su estatus migratorio.

El mandatario conservador, durante un discurso en Barranquilla, enfatizó que los operativos se centrarán en los inmigrantes que cometen delitos y aquellos que no tienen su situación regularizada. "En el término de la distancia (de inmediato) tendrán que ser deportados", afirmó el presidente.

La preocupación es palpable entre los venezolanos. El abogado migratorio César González, quien reside en Colombia, comentó que han recibido numerosas consultas sobre las opciones disponibles para quienes se encuentran en esta situación. "La preocupación es muchísima", expresó.

Colombia es el principal receptor de la diáspora venezolana en la región, con alrededor de 2,8 millones de migrantes venezolanos, de acuerdo con cifras oficiales. Esto representa una parte significativa de los cerca de siete millones que han dejado Venezuela en los últimos años debido a la crisis política y social que atraviesa el país.

Datos de Migración Colombia indican que más de 527.000 venezolanos están en el país sin cumplir con la normativa migratoria. Al ser consultada sobre la implementación de esta orden, Migración Colombia indicó que aún no se ha nombrado al nuevo director de la entidad, quien será responsable de llevar a cabo las decisiones del gobierno en cuanto a operativos de control y deportaciones.

De la Espriella, respaldado por el ex presidente estadounidense Donald Trump, había advertido durante su campaña que estaba dispuesto a "devolver" a los venezolanos que no cumplieran con la legislación colombiana. Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, subrayó que la migración venezolana a Colombia tiene características particulares debido a la extensa frontera de más de 2.200 kilómetros que comparten.

Rodríguez también destacó que el Estado colombiano no tiene la capacidad para manejar una deportación masiva, ya que los costos de trasladar a los migrantes a la frontera y entregarlos a las autoridades migratorias son elevados.

Llamado a no "perseguir"

La directora de la Fundación Juntos Se Puede, Ana Karina García, manifestó que su intención es dialogar con el gobierno para reabrir la posibilidad de regularización para los migrantes venezolanos, similar a lo que hicieron administraciones anteriores. García enfatizó que no se puede perseguir a un migrante por no regularizarse si no hay un proceso claro para hacerlo, ya que el Estatuto Temporal de Protección está cerrado desde hace más de tres años.

Rodríguez agregó que es crucial regularizar a la población migrante, especialmente a los más de 193.000 menores de edad en situación irregular, quienes requieren protección especial.

Riesgo de xenofobia

La comunidad venezolana en Colombia teme que la nueva política de deportación intensifique la xenofobia en el país. Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, expresó que la retórica del presidente puede desatar sentimientos xenófobos. "Esto dispara la xenofobia porque la gente no mide cuando habla del tema de deportar", aseguró.

García coincidió en que es necesario perseguir la delincuencia, pero no relacionarla con la migración, lo que puede aumentar la estigmatización hacia los migrantes. "Está demostrado en cifras que la criminalidad no se relaciona con los migrantes", añadió.

La preocupación entre los venezolanos se intensifica, ya que sienten que las oportunidades de regularización se están cerrando no solo en Colombia, sino también en otros países como Chile, Perú y Ecuador, donde las nuevas políticas migratorias son más restrictivas.

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