La jueza da luz verde a pruebas de pintura en el edificio Eisenhower, avanzan planes de Trump

WASHINGTON — Una jueza ha dado su aprobación este martes para realizar pruebas de pintura en el histórico Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, ubicado junto a la Casa Blanca. Esta decisión representa un avance en los planes del presidente Donald Trump, quien busca aplicar una nueva capa de pintura blanca a la estructura que data del siglo XIX.

El presidente Trump ha propuesto esta medida como parte de su iniciativa para embellecer la capital del país. Los planificadores del proyecto han indicado que el costo de la pintura ascendería a al menos 7,5 millones de dólares.

Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación entre conservacionistas, arquitectos e historiadores, quienes argumentan que el granito de la edificación no debería ser pintado, ya que esto podría atrapar humedad y degradar la piedra.

La jueza Dabney L. Friedrich determinó que los demandantes no lograron demostrar que las pruebas de pintura causarían un daño irreparable. Esto fue un factor clave en su decisión de permitir que el proceso avance.

Los demandantes, que incluyen a grupos de preservación cultural, habían solicitado una orden de restricción y medidas cautelares temporales para frenar el trabajo del gobierno. La cuestión principal en litigio es si la Administración de Servicios Generales tiene la autoridad para delegar decisiones sobre un proyecto de esta magnitud.

Friedrich comentó que la moción de los demandantes dependía completamente del argumento sobre el daño irreparable. Las áreas de prueba abarcarían aproximadamente 2 metros cuadrados del exterior del edificio y varios paneles que no son visibles al público.

A pesar de permitir que las pruebas avancen, la jueza advirtió que podría intervenir si el gobierno intentara ir más allá de lo aprobado. Ordenó a las partes involucradas que presenten un informe sobre la situación a más tardar el próximo martes y que se realicen informes periódicos después de esa fecha.

El abogado Gregory Werkheiser, representante de Cultural Heritage Partners y uno de los demandantes, expresó su decepción por la decisión, pero subrayó que las razones que motivaron la presentación del caso no se ven afectadas. Werkheiser agregó que la cuestión central es si el presidente ha usurpado ilegalmente el poder de la Administración de Servicios Generales, lo que podría tener graves implicaciones para propiedades históricas a nivel nacional.

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