Justicia de EE.UU. evalúa investigar a funcionarios cubanos en Miami

MIAMI — La Fiscalía del Distrito Sur de Florida, liderada por el fiscal Jason Reding Quiñones, está considerando la posibilidad de iniciar investigaciones penales contra funcionarios del gobierno cubano. Esta evaluación surge a raíz de recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien mencionó la posibilidad de una "toma amistosa" de Cuba.

Para llevar a cabo esta iniciativa, Reding Quiñones ha establecido un "grupo de trabajo" que incluye fiscales federales, funcionarios de la DEA y otros organismos. Este equipo busca desarrollar casos en contra de individuos relacionados con el gobierno cubano y su Partido Comunista, según fuentes que prefirieron mantener el anonimato.

Aún no se ha determinado qué funcionarios cubanos serían objeto de la investigación ni qué cargos se estarían considerando. Sin embargo, el Departamento de Justicia comunicó que "fiscales federales de todo el país trabajan todos los días para procurar justicia, lo que incluye esfuerzos para combatir el crimen transnacional".

La iniciativa se produce en un contexto de creciente agresividad por parte de Trump hacia el liderazgo comunista de la isla. En su discurso, el mandatario también hizo referencia a la reciente captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Cuba, sugiriendo que su administración mantiene conversaciones de alto nivel con funcionarios cubanos.

Trump ha afirmado que la dirigencia cubana está "ansiosa por llegar a un acuerdo", lo que ha reavivado el interés en la política cubana en Washington, a pesar de que en las últimas décadas Cuba ha dejado de ser considerada una gran amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

La oficina local del FBI cuenta con un grupo específico dedicado a la vigilancia de actividades en Cuba. Este grupo fue fundamental en el arresto de Victor Manuel Rocha, un exembajador de EE.UU. acusado de ser agente encubierto para La Habana desde los años 70.

Recientemente, varios republicanos de Miami, incluyendo al senador de Florida Rick Scott, han instado a Trump a reabrir la investigación sobre el derribo de aviones operados por exiliados anticomunistas en 1996. En una carta enviada al presidente el 13 de febrero, legisladores como Maria Elvira Salazar y Carlos Gimenez argumentaron que Raúl Castro dio la orden de derribar esas aeronaves, que no estaban armadas.

"Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este crimen atroz", afirmaron los legisladores, demandando que se le lleve ante la justicia.

Aunque no se han presentado acusaciones formales contra Castro, el fiscal general de Florida anunció que abriría una investigación estatal sobre el caso.

El gobierno de Trump ha señalado a Cuba como un país que no coopera con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU., clasificándola como un Estado patrocinador del terrorismo junto a Corea del Norte e Irán. Esta designación se basa en la decisión de Cuba de otorgar refugio a fugitivos estadounidenses y su negativa a extraditar a líderes rebeldes colombianos.

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