EEUU impone sanciones a personas y empresas por reclutamiento de mercenarios en Sudán

EL CAIRO — El gobierno de Estados Unidos ha decidido imponer sanciones a tres personas y dos empresas, acusadas de reclutar y desplegar mercenarios colombianos para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar involucrado en el conflicto de Sudán, que ya ha cumplido cuatro años sin un final a la vista.

Las sanciones fueron anunciadas el viernes por el Departamento del Tesoro, y representan una de las últimas acciones de Estados Unidos contra las FAR, que se encuentran en un enfrentamiento armado con el ejército sudanés desde abril de 2023.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado al grupo por cometer atrocidades que se asemejan a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en un conflicto que ha provocado la mayor crisis humanitaria en el mundo. Las FAR se originaron de las infames milicias árabes janjaweed, conocidas por sus atrocidades en la región de Darfur a principios de los 2000, contra personas identificadas como africanas orientales o centrales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro ha indicado que los individuos y empresas sancionados participaron en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán para luchar en nombre de las FAR.

Entre las empresas sancionadas se encuentra una agencia de empleo con sede en Bogotá, Fénix, que fue establecida el año pasado como sucesora de otra firma, A4SI, que ya había sido sancionada en diciembre por colaborar con las FAR.

Las empresas fueron fundadas por Álvaro Andrés Quijano Becerra, un oficial retirado del ejército colombiano, y su esposa. El comunicado del Tesoro también menciona que están incluidas en una lista de sanciones relacionada con Sudán.

Además de Fénix, también se incluyó a otra agencia de reclutamiento llamada GQAB, así como a tres personas: Quijano Torres, gerente de Fénix; José García Batte, propietario de GQAB; y Omar García Batte, gerente y representante legal de GQAB. Todos ellos son ciudadanos colombianos, según el Tesoro.

El Tesoro ha afirmado que cientos de exsoldados colombianos han sido enviados a Sudán desde 2024 para asistir a los paramilitares en el conflicto, desempeñando funciones de combate y técnicas, y participando en diversas batallas en el país.

Estados Unidos ha acusado a las FAR de llevar a cabo numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias, ataques motivados por etnicidad, violencia sexual y torturas en las áreas bajo su control, siendo la más reciente la ciudad de el-Fasher en Darfur.

El Departamento de Estado había indicado en diciembre que miembros de las FAR habían cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica. El Tesoro citó un ataque de las FAR contra el-Fasher en octubre, que, según expertos de la ONU, presentaba características de genocidio, resultando en la muerte de al menos 6.000 personas en solo tres días.

El conflicto se inició cuando las tensiones entre el ejército y las FAR estallaron en combates abiertos en la capital, Jartum, el 15 de abril de 2023, y se ha expandido por todo el noreste de África.

Hasta la fecha, la guerra ha causado la muerte de al menos 59.000 personas en tres años, según el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), aunque se considera que esta cifra es una subestimación debido a las dificultades para reportar.

La crisis ha llevado a que aproximadamente 34 millones de personas, casi dos de cada tres sudaneses, necesiten asistencia humanitaria, de acuerdo con la ONU.

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