EEUU bloquea pago de defensa legal a Maduro, según su abogado

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha obstaculizado que Venezuela cubra los costos de la defensa del exmandatario Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York. Esta situación podría interferir con su derecho constitucional a contar con un abogado, según ha declarado su defensor.

La semana pasada, el abogado Barry Pollack comunicó a un juez federal en Manhattan que el Departamento del Tesoro había bloqueado la autorización para el pago de honorarios legales que el gobierno venezolano debe abonar por la defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, conforme a las leyes y costumbres de su país. Este correo fue añadido al expediente público del tribunal el miércoles.

Maduro y su esposa han estado detenidos en Nueva York sin derecho a fianza desde su captura el 3 de enero, en una operación encubierta llevada a cabo por fuerzas militares estadounidenses. Ambos han declarado su inocencia ante los cargos.

La captura de Maduro, tras una prolongada acumulación de fuerzas militares en el Caribe, ha permitido al gobierno de Trump ejercer una considerable influencia sobre la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Bajo presión de Estados Unidos, Rodríguez ha tomado medidas para abrir la industria petrolera venezolana a la inversión estadounidense, liberar a presos políticos y restablecer comunicaciones directas con Washington, interrumpidas desde que el primer gobierno de Trump cerró la embajada en Caracas en 2019.

En el mensaje enviado por Pollack, se informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro había otorgado el 9 de enero un permiso para aprobar el pago de honorarios legales por parte del gobierno venezolano. Sin embargo, menos de tres horas después, dicha autorización fue retirada sin ninguna explicación, aunque se mantuvo vigente una licencia para pagar a los abogados de la esposa de Maduro.

La controversia sobre los honorarios de Maduro está estrechamente ligada a la política exterior de Estados Unidos. Desde 2019, el gobierno de Trump rompió relaciones con Maduro, reconociendo al líder opositor como el presidente legítimo de Venezuela, y la administración de Joe Biden ha continuado esta postura.

Permitir que el gobierno de Rodríguez pague la defensa de Maduro podría complicar el trabajo de los fiscales, quienes buscan contrarrestar el argumento de Maduro sobre la ilegalidad de su captura y su supuesta inmunidad como jefe de Estado extranjero, según la legislación estadounidense y el derecho internacional.

Una acusación formal de 25 páginas detalla que Maduro y otros habrían colaborado con cárteles de la droga y fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Si son hallados culpables, tanto él como su esposa podrían enfrentar cadena perpetua.

La acusación sostiene que Maduro y su esposa ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos de quienes les debían dinero relacionado con el narcotráfico, incluyendo la muerte de un jefe local del narcotráfico en Caracas.

Los intentos de contacto con el Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia para obtener comentarios no recibieron respuesta.

Pollack indicó que el 11 de febrero solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que restableciera la licencia original para que Venezuela pudiera cumplir con su obligación de pagar los costos de defensa de Maduro. Afirmó que el exmandatario no puede costear un abogado por otros medios y que solicitará la intervención del juez para que se le permita pagar su defensa.

El abogado enfatizó que Estados Unidos está interfiriendo en la capacidad de Maduro de contratar un abogado, lo que afecta su derecho a la defensa según la Sexta Enmienda de la Constitución.

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