Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias para combatir crimen

Buenos Aires, 3 abril (NA) – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado un nuevo estado de excepción por 60 días con el fin de hacer frente al crimen organizado. Esta medida abarca a nueve de las 24 provincias del país, así como a cuatro municipios en otros tres distritos.

Las jurisdicciones afectadas incluyen las principales ciudades, como Quito y Guayaquil, que juntas albergan a aproximadamente 7 millones de habitantes, de un total de cerca de 18 millones en Ecuador, según reportes de DW y la Agencia Noticias Argentinas.

Con la implementación de este estado de excepción, se suspenderán los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permitirá a la Policía y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin necesidad de autorización judicial previa, además de poder interceptar comunicaciones.

Las Fuerzas Armadas se desplegarán para llevar a cabo operaciones contra las organizaciones criminales, trabajando en coordinación con la Policía.

Este decreto fue emitido justo antes del inicio de los tres días festivos por Semana Santa, cuando millones de ecuatorianos suelen viajar a diferentes regiones del país.

Provincias costeras las más afectadas

Las provincias afectadas están principalmente en la costa, donde las actividades de las organizaciones criminales son más evidentes, dedicándose principalmente al narcotráfico. Estas organizaciones buscan enviar grandes cantidades de cocaína producida en Colombia hacia Europa y Estados Unidos.

Entre las provincias más impactadas se encuentran Esmeraldas y El Oro, que son fronterizas con Colombia y Perú, respectivamente. Otras provincias afectadas son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Además, se incluye Pichincha, donde se ubica Quito, y la provincia amazónica de Sucumbíos, que también es fronteriza con Colombia. Recientemente, las Fuerzas Armadas de Ecuador llevaron a cabo operaciones militares en colaboración con Estados Unidos para desmantelar campamentos de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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