La tardía reacción estatal al crear el Comando Unificado de Seguridad para normalizar y pacificar el conflicto por la apropiación ilegal de tierras en la zona del Lago Mascardi pone en evidencia la complejidad y gravedad del panorama. El órgano fue creado para gestionar y coordinar las acciones de las fuerzas intervinientes en el citado conflicto, la realización de operaciones para recuperar las tierras tomadas en el sector y detener a los responsables bajo directivas y supervisión de la justicia federal jurisdiccional.
El conflicto es de larga data y ha atravesado distintas etapas, caracterizadas por el constante avance de los transgresores contra la sociedad sureña e instituciones jurisdiccionales, que más que Mapuches siempre se asemejaron a organizaciones delincuenciales que operan en otros países de Latinoamérica.
Al respecto, debemos recordar que a principios de este siglo algunas organizaciones de narcotraficantes que contrabandeaban marihuana desde Paraguay hacia Chile, a través del territorio argentino, utilizaban a algunos miembros de los pueblos originarios de la región para ocultar y luego pasar la droga al país trasandino, mediante llamativas metodologías propias de dichos pueblos.
La flexibilización legal y de intervención para garantizar el cumplimiento de la legislación que resguarda la seguridad de los habitantes y la propiedad privada de la zona permitió el avance y profundización de la problemática, es por eso que la esperada reacción estatal llega llamativamente tarde.
En forma simultánea, las instituciones estatales se fueron debilitando mediante una hábil estrategia que utilizó la bandera de derechos humanos para ocultar otros intereses, impulsada desde esferas bien identificadas y de sus principales operadores mediante difusiones en los distintos medios de prensa. El “caso Maldonado”, es un emblema en este sentido.
La observación de la gestación de estos grupos irregulares, de los liderazgos que ostentan, del conocimiento y dominio del terreno que tienen y de las conexiones locales e internacionales que poseen, nos permite apreciar que el conflicto que tuvo tiempo de expandirse y afianzarse no se podrá resolver sin el consenso nacional y provincial ni en una sola operación. La situación exige un cronograma de acciones disuasorias y operaciones prolongadas orientados a la real solución de la problemática.
Se estima que las acciones emprendidas no se nutrieron de la vasta capacitación y experiencia de las fuerzas de seguridad nacionales. Es inobjetable que las mismas son preparadas para hacer cumplir la ley pero luego no son utilizadas por la conducción política a tal fin. En este sentido, todas las fuerzas de seguridad están capacitadas para operar en terrenos llanos y específicamente Gendarmería Nacional tiene efectivos preparados para operar en zona montañosa y garantizar el éxito de una operación como por ejemplo la recientemente realizada.
Los protocolos del accionar del Estado en defensa de la sociedad y de la propiedad esencialmente se nutren de la decisión política de resguardar las personas y bienes, de la administración de justicia y de los brazos ejecutores del cumplimiento de la ley, como ha ocurrido en la epopeya protagonizada por Gendarmería Nacional en el año 1964, gobierno constitucional del Doctor Arturo Illía, que en un accionar muy alistado y en total desventaja de apoyo logístico y recursos materiales (sobre todo en armamento y munición), logró desbaratar a la incursión guerrillera cubana en la zona de Oran, Salta. Ese adversario, tan calificado fue totalmente derrotado por los Gendarmes en base al valor de estos, al conocimiento del terreno y a una brillante supervisión “in situ” de la Justicia Federal que garantizó el estricto cumplimiento de la ley para preservar la soberanía argentina, en la casi olvidada Operación “Santa Rosa”.
En Villa Mascardi, por los resultados operativos insignificantes que se obtuvieron, solo detenciones de mujeres y algunos menores, mientras que los hombres huyeron fácilmente, es evidente que el dominio del terreno es una de las fortalezas de los elementos a los que se enfrenta y que dejaron abiertas vías de escape de los mismos.
Ese dominio del terreno por parte de los integrantes de la Comunidad Lof Lafken Winkul Mapu no se limita a la zona de acción de los terrenos ahora recuperados, sino que se extienden a zonas más alejadas donde estos elementos marginales están intentando cortar el tránsito en algunas rutas, realizar atentados contra propiedades privadas o dependencias religiosas, o realizar pintadas a favor de la causa que impulsan.
Lo auspicioso de esta intervención estatal es la decisión gubernamental y acción judicial de enfrentar el problema, independientemente de los resultados obtenidos, lo que activa el tratamiento de otros casos de esta naturaleza, como el conflicto entre el Estado Nacional (Ejército Argentino) con la Comunidad Mapuche Millalonco–Ranquehue por la apropiación ilegal de tierras.
Concordante con ello, el trabajo del Comando Unificado de Seguridad y el de las tropas empeñadas en las operaciones de seguridad, deberá establecer un esquema que garantice una rápida consolidación del objetivo y lleve seguridad y tranquilidad a la zona. De no lograrlo, se pondrá al Estado en una situación de franca debilidad y de una peligrosa pérdida de soberanía.
