La íntima relación entre el delito y los celulares "tumberos"

La fiscal de la Unidad Especial de Balaceras de Rosario, Valeria Haurigot, no tiene problemas en hablar desde la fuerza que impone la propia realidad. Lejos de los vericuetos jurídicos en los que suelen caer los especialistas en no decir nada, esta funcionaria judicial se ha convertido en una voz potente al momento de trazar la dinámica delictiva en su territorio, una realidad que se puede extrapolar a diferentes urbes del país.

En los últimos días, se conoció una polémica decisión política en Chaco. El Ministerio de Seguridad y Justicia de esa provincia autorizó el uso de teléfonos celulares, computadoras o tablets a personas que estén detenidas en dependencias y comisarías del Servicio Penitenciario y de Readaptación.

Según se argumentó de manera oficial, la resolución tiene por objeto de garantizar los derechos de los presos a la comunicación y que, en caso de sufrir algún apremio ilegal por parte de las fuerzas, puedan comunicarse con los responsables de Derechos Humanos de forma inmediata.

Chaco no es la primera provincia que actúa en ese sentido. Buenos Aires, Tucumán, Chubut y Mendoza autorizan desde el comienzo de la cuarentena que los detenidos en cárceles puedan tener celulares y otros aparatos electrónicos.

Para la fiscal Haurigot, esta medida lejos está de favorecer a la sociedad.

"En el sistema constitucional argentino no hay derechos absolutos, es decir, todos los derechos están sujetos a la debida reglamentación. El derecho a la comunicación no es una excepción. Por tal motivo debe reglamentarse, y en ese sentido, si bien la reglamentación no puede desnaturalizar la esencia, tampoco puede ser una ficción. Suponiendo que el registro de aparatos celulares funcione como un padrón de aparatos 'permitidos', ¿cómo se registrarían los chip?", cuestionó.

Y brindó un dato esencial para sumergirse en esta discusión: "En el 90 por ciento de los delitos cometidos en Rosario, en alguna de las fases del iter criminis (camino del delito) aparece alguna persona privada de libertad, ya sea dando órdenes, manejando la logística del hecho, recaudando. Todo eso lo logran por la excesiva cantidad de tiempo libre que tienen en las unidades penitenciarias y -por supuesto- a la disponibilidad 24/7 de aparatos celulares".

Ante esto, la funcionaria judicial apuntó: "Si de verdad se quiere controlar la actividad delictiva que prolifera intra muros se necesita prohibición absoluta de uso de celulares. Habilitación de comunicación al exterior por teléfonos ubicados en la celaduría y en horarios predeterminados. Acceso a internet desde computadoras de escritorios en horarios y días específicos. Todo ello mejorando las condiciones edilicias y los programas dentro de los penales. Hay personal que cobra para realizar tareas docentes o sociales pero no van o no son productivos. Ahí habría que mejorar".