El Gobierno no apoyará proyectos de la oposición para aliviar la situación de endeudados

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El Gobierno nacional anticipó este martes que no apoyará los proyectos impulsados por sectores de la oposición para aliviar la situación de las personas endeudadas que tienen dificultades para pagar sus créditos.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo durante su conferencia de prensa en Casa Rosada que una intervención estatal implicaría destinar recursos de los contribuyentes para asistir indirectamente a las entidades financieras.

"Sería usar dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos", afirmó Ravier al explicar la posición de la administración de Javier Milei.

Consultado sobre las iniciativas que se analizan en el Congreso, el funcionario señaló que todavía es necesario "conocer los detalles", aunque adelantó que La Libertad Avanza difícilmente acompañará los proyectos porque, según consideró, van en sentido contrario a la posición expresada por el Presidente.

Ravier reconoció que existe un problema entre quienes tomaron préstamos y actualmente no pueden afrontar las cuotas. También apuntó a las entidades financieras y no bancarias que otorgaron créditos con tasas elevadas.

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"Claramente hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar los créditos que tomaron", admitió. Sin embargo, remarcó que las entidades también asumieron riesgos al prestar dinero y que, en algunos casos, buscaron cubrirse mediante tasas de interés altas.

En ese sentido, cuestionó especialmente que sectores de izquierda impulsen medidas para atender el problema. "Nos sorprende que desde la izquierda, históricamente crítica de los rescates bancarios, se promuevan alternativas que, según su interpretación, permitirían a las entidades recuperar capital prestado bajo su propio riesgo".

Ravier ratificó que la postura oficial es no intervenir directamente en la relación entre los bancos y sus clientes y favorecer que las partes negocien refinanciaciones.

Según explicó, Milei considera que se trata de "acuerdos entre privados" y que la contribución del Gobierno consiste en sostener el programa de estabilización económica para reducir la inflación y las tasas de interés.

El vocero aseguró que las tasas que a comienzos de año se ubicaban alrededor del 50% actualmente rondan el 25% y sostuvo que ese escenario permite negociar plazos más extensos y condiciones de refinanciación más favorables.

"Esa es la ayuda que da el Gobierno, dejando relacionarse a los privados", sintetizó.

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La administración libertaria viene manteniendo esta postura frente al incremento de la morosidad. A comienzos de agosto, el propio Milei había descartado una asistencia estatal y planteado que las dificultades de pago debían resolverse mediante acuerdos entre bancos y clientes.

Ravier también vinculó parte del deterioro de la situación crediticia con la actividad del Congreso durante 2025.

Según su explicación, las líneas de crédito comenzaron a expandirse durante 2024 y el aumento de las moras apareció posteriormente. El funcionario atribuyó parte de ese proceso a lo que definió como un "ataque político" desde el Congreso.

Sostuvo que la aprobación de proyectos que, a criterio del Ejecutivo, no contaban con financiamiento claro generó incertidumbre, presionó sobre el tipo de cambio y provocó una suba de las tasas de interés.

De acuerdo con el argumento oficial, ese encarecimiento del crédito terminó dificultando que numerosas familias pudieran afrontar las obligaciones que habían asumido.

El Gobierno insiste en que la respuesta al problema debe llegar a través de refinanciaciones entre las entidades y los deudores, junto con una reducción sostenida de la inflación y de las tasas, y descarta por el momento destinar fondos públicos para implementar un programa de rescate.

• El Gobierno dice que el buque británico fue autorizado por Tierra del Fuego y negó pérdida de soberanía

Ravier dijo que el buque petrolero que amarró en el puerto de Ushuaia, de control nacional, no representa un riesgo en la pérdida de soberanía para la Argentina.

Afirmó que, antes del amarre, debió ser autorizado también por el gobierno de Tierra del Fuego ya que la monoboya es de jurisdicción provincial, según expresó el portavoz este martes en conferencia de prensa.

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Informe de Ariel Rodríguez.

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