Microtráfico: jueces provinciales y federales firmaron un acuerdo clave

La polémica por la aplicación de la ley de Microtráfico en Santa Fe sumó un capítulo decisivo: jueces provinciales y federales firmaron un acuerdo en Rosario que apunta a ordenar los criterios de actuación y evitar choques de competencia entre ambos fueros.

El entendimiento llega luego de semanas de fuerte tensión institucional, que escaló públicamente con las declaraciones del jefe de fiscales Matías Merlo, quien advirtió que ciertas decisiones judiciales podían derivar en “más homicidios” y que quienes las adoptaran “deberían hacerse cargo”.

Ese planteo generó una reacción inmediata en sectores de la Cámara de Apelaciones, donde calificaron esas afirmaciones como “temerarias” y “sin rigor”. Sin embargo, el conflicto derivó en instancias de diálogo que incluyeron reuniones con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, en un contexto donde todos los actores coincidieron en la importancia de la ley como herramienta para perseguir el delito y contener la violencia.

En ese marco, el acuerdo firmado este 6 de abril en Rosario busca fijar pautas claras de coordinación entre la justicia federal y la provincial en causas vinculadas a estupefacientes, tras la adhesión de Santa Fe al régimen de desfederalización.

Uno de los puntos centrales del documento es el reconocimiento explícito del rol de los fiscales en la investigación penal. Allí se establece que, con el sistema acusatorio vigente, “el impulso de la acción e investigación de los sucesos ilícitos (…) corresponde, por expreso mandato legal y constitucional, al titular de la acción penal pública”, tanto en el ámbito provincial como federal.

En esa línea, los jueces remarcan que son los fiscales quienes “están en mejores condiciones de evaluar el caso y sus implicancias”, ya que llevan adelante la investigación, y que su opinión resulta clave para definir si una causa debe tramitar en la justicia provincial o en la federal.

El acuerdo también advierte inclusive sobre los riesgos de decisiones judiciales apresuradas en materia de competencia. Señala que una declaración de incompetencia debe analizarse "con máxima adherencia a las circunstancias del caso, ya que podría comprometer la eficacia de la investigación en curso". En otras palabras, los magistrados reconocen el impacto de sus decisiones en la calle.

Por eso, se establece como criterio que, ante planteos de las partes, los jueces deberán atender la posición del Ministerio Público a cargo de la investigación para definir la radicación del caso, "siempre dentro de los márgenes legales".

Además, el documento pone en valor la existencia de una mesa de intercambio de información entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación, como herramienta para mejorar la coordinación y evitar superposiciones o conflictos.

El acuerdo lleva la firma de autoridades de ambos fueros: por la justicia federal, Eduardo Rodrígues Da Cruz y Román Lanzón; por el fuero provincial, Gustavo Salvador, Gonzalo López Quintana, Silvia Castelli y Paola Aguirre, entre otros.

En términos políticos y judiciales, el entendimiento marca un cierre a la controversia que había expuesto tensiones internas en el sistema penal santafesino. También refleja un alineamiento, especialmente en el ámbito provincial, donde en un sector conservador de la Cámara de Apelaciones de Rosario (fuero provincial) se habían manifestado las mayores resistencias a la implementación de la ley.

Con este acuerdo, la Justicia busca consolidar un criterio común en la lucha contra el microtráfico, en un contexto donde las autoridades destacan que su aplicación viene acompañada de una baja sostenida de los niveles de violencia, especialmente en la ciudad de Rosario.

Con información de Hernán Funes.

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