La provincia de Buenos Aires aclara sobre costos de licencias de conducir profesionales

Buenos Aires, 23 de julio (NA) – Con la reciente modificación de los procedimientos para obtener o renovar una licencia nacional de conducir profesional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado aclarando que "los valores son fijados y percibidos por cada prestador habilitado". En este sentido, la provincia no tiene control sobre los costos ni sobre los Centros de Emisión de Licencias a nivel municipal.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el gobierno provincial señala que "cumple con las funciones que le fueron delegadas por el Estado Nacional", aplicando las condiciones y procedimientos establecidos por la normativa nacional.

La declaración oficial fue realizada por el Ministerio de Transporte bonaerense, bajo la dirección de Martín Marinucci, a través de un comunicado.

Detalles del comunicado sobre el sistema nacional de Licencias de Conducir

El comunicado indica que "la Provincia se encuentra adherida al Sistema Nacional de Licencias de Conducir" y que, en consecuencia, ejerce las funciones delegadas por el Estado Nacional para la emisión de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales que son interjurisdiccionales. En este contexto, se aclara que las condiciones para la obtención y renovación de estas licencias no fueron definidas por la provincia, sino que derivan de las modificaciones implementadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto N.º 196/2025 y la reglamentación dictada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Cambios en el régimen de licencias

El comunicado también destaca que "la reforma nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)" como trámite y credencial independiente. Ahora, la habilitación para el transporte interjurisdiccional se gestiona a través de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de clases C, D y E, emitidas por las provincias que han firmado el convenio correspondiente con la ANSV.

"La Provincia de Buenos Aires integra el Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010", lo que implica que, al igual que otras jurisdicciones, cumple con las funciones delegadas por el Estado Nacional, aplicando los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa nacional.

Evaluaciones y capacitaciones

En este marco, se establece que las evaluaciones psicofísicas, capacitaciones y evaluaciones teórico-prácticas necesarias para la obtención o renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales deben ser realizadas por prestadores registrados y habilitados por la ANSV. Además, el nuevo régimen no establece una tarifa nacional de referencia, lo que implica que los valores son fijados y percibidos por cada prestador habilitado, sin intervención de la Provincia ni de los centros de emisión municipales.

Por lo tanto, se aclara que "es incorrecto atribuir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decisiones relacionadas con los requisitos, esquema de prestadores o costos" de estas evaluaciones, ya que son aspectos definidos por la normativa nacional y la autoridad competente.

Prórroga para vencimiento de licencias

Ante las dificultades de implementación del nuevo sistema, especialmente por la escasa oferta de prestadores habilitados en diversas regiones de la provincia, el Ministerio de Transporte bonaerense ha dispuesto una prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento de las licencias profesionales afectadas por este régimen, permitiendo que los trabajadores completen los nuevos requisitos sin perder la posibilidad de continuar con sus actividades.

Compromiso con la seguridad vial

Finalmente, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con la seguridad vial y el cumplimiento de la legislación vigente, así como la defensa de los conductores profesionales. Expresa su preocupación porque "el nuevo esquema nacional deja a los trabajadores a merced de un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia", lo que puede resultar en diferencias significativas en costos y afectar el acceso equitativo al trámite en todo el país.

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