El CELS señala que sólo el 8% de las políticas de cuidado perduran en el gobierno de Milei

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe que sostiene que, desde el inicio del mandato de Javier Milei, "sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado" y que “2.866.000 personas perdieron al menos una” de estas políticas.

Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, comentó a Noticias Argentinas que, tras un exhaustivo monitoreo, solamente 4 de las 50 políticas de cuidados que existían a nivel nacional permanecieron en pie.

De la Vega destacó que las políticas de cuidado que aún se mantienen se centran en transferencias directas de ingresos, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Según señaló, esto refuerza un modelo individualista que resulta inadecuado, a pesar del incremento en el valor de la AUH, que no satisface las necesidades de cuidado de las familias.

El informe también refleja las penurias de los adultos mayores, quienes, según los reclamos en las marchas de jubilados, “deben elegir entre comer o medicarse”. Sin una moratoria previsional, quienes perciben la jubilación mínima, aun sumando un bono, requieren otros $45.000 mensuales para poder cubrir la canasta básica total y evitar caer en la pobreza. Se reporta que la cantidad de adultos mayores con medicamentos cubiertos por PAMI disminuyó de 4,6 millones a 3,8 millones.

Asimismo, el CELS pone énfasis en la situación de las personas con discapacidad, que enfrentan “más trámites y menos prestaciones” al depender de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que ha sido afectada por recortes presupuestarios desde diciembre de 2023, al igual que otras dependencias del Estado.

El porcentaje de rechazos en solicitudes de pensiones por discapacidad se incrementó del 40% al 75%, y se han revocado 56.000 pensiones que estaban vigentes. De la Vega explicó que no solo se han impuesto más trámites para acceder a pensiones y ciertas prestaciones, sino que una mayor cantidad de solicitudes ha sido denegada sin suficiente fundamentación. Además, destacó que se ve afectada la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres.

El informe indica que las transferencias de ingresos a las infancias se sostienen “con límites”, pero, al mismo tiempo, se “desfinancian” todas las políticas destinadas a la socialización del cuidado infantil y se “desmantelan” iniciativas de educación sexual, como la Interrupción Voluntaria del Embarazo y los métodos anticonceptivos, lo que, a largo plazo, perpetúa la desigualdad.

Finalmente, la coordinadora del CELS concluyó que se han dejado de lado las políticas que buscaban corregir las desigualdades estructurales en el mercado laboral. No existen más cupos para el ingreso de personas travestis y trans en el trabajo estatal y, además, las trabajadoras de casas particulares no han recibido aumentos desde enero. La situación de las mujeres rurales se presenta como crítica, subrayó.

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