Condenas por desvíos de fondos de Sueños Compartidos: "Llegó la justicia"

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   Siempre Juntos Rosario

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Después de 16 años de investigación y trámite judicial, el Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y al exsecretario de Obras Públicas José López por el desvío de fondos públicos del programa de construcción de viviendas Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En el mismo fallo, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto.

Por mayoría, el tribunal condenó a José López y al exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión; a Sergio Schoklender, a dos años y ocho meses; y a Pablo Schoklender, a dos años y cuatro meses. Al tratarse de penas inferiores a tres años, son de ejecución condicional, por lo que ninguno de los condenados irá a prisión. Además, los exfuncionarios fueron condenados a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces consideraron a López y Fatala coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública, mientras que Sergio y Pablo Schoklender fueron considerados partícipes necesarios. El tribunal también dispuso el decomiso de más de 200 millones de pesos relacionados con el desvío de fondos investigado en la causa.

Tras conocer el fallo, Sergio Schoklender cuestionó duramente la condena y sostuvo que la resolución judicial resulta contradictoria. “Son dos años y ocho meses en suspenso, lo cual es un absurdo”, afirmó. Y agregó: “No se animaron después de 15 años a decir: perdónenos, tenía razón, no cometió ningún delito”.

Schoklender insistió en que, a su entender, no se acreditó la existencia del delito que se le atribuyó y consideró que la pena aplicada demuestra las dificultades que tuvo la Justicia para resolver el expediente. “Si efectivamente se hubiese cometido un delito, aun la pena de seis años que pidió el fiscal hubiese sido chica”, sostuvo. Para el empresario, una condena de dos años y ocho meses en suspenso no representa una consecuencia efectiva de prisión.

En sus declaraciones también realizó fuertes críticas políticas y apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Consultado sobre si consideraba que la exmandataria estaba “loca”, respondió afirmativamente. Su postura se sumó a los cuestionamientos que formuló sobre una causa que comenzó hace más de una década y que finalmente llegó a una sentencia.

Una de las primeras denunciantes de la causa, la exdiputada nacional de la Coalición Cívica Elsa Quiroz, también analizó el fallo, aunque desde una posición crítica. Quiroz recordó que la investigación comenzó a partir de denuncias realizadas en 2008 y remarcó que, después de tantos años, finalmente hubo una resolución judicial.

“Llegó la justicia, hubo justicia, hay justicia. Que nos parezca más, que nos parezca menos, que estemos más de acuerdo o menos de acuerdo es otro tema de discusión”, sostuvo Quiroz. Para la exlegisladora, corresponde valorar que el proceso haya llegado a una sentencia, aunque aclaró que posteriormente habrá apelaciones, cuestionamientos y nuevas instancias judiciales.

Sin embargo, Quiroz dejó en claro que no está conforme con el resultado de la causa ni con las condenas impuestas. La exdiputada consideró que las penas resultan insuficientes frente a la gravedad de los hechos investigados y sostuvo que el fallo deja una sensación de disconformidad respecto de la respuesta judicial.

La exdiputada puso el foco especialmente en las consecuencias sociales de la corrupción. “Los hechos de corrupción no significan nada más el enriquecimiento de uno o de varios”, sostuvo. Y explicó que el desvío de recursos públicos también puede afectar cuestiones concretas de la vida de las personas, como el acceso a una jubilación, al trabajo o a la alimentación.

Para graficar esa situación, Quiroz recordó el caso de un albañil que había llegado a su despacho después de intentar obtener en ANSES los comprobantes de sus aportes laborales y descubrir que no tenía ninguno registrado. “Esto significa la corrupción. Significa que este hombre seguramente nunca se pudo jubilar”, afirmó. Desde su perspectiva, el perjuicio provocado por el uso irregular de fondos públicos trasciende a los funcionarios y empresarios involucrados y termina impactando sobre la sociedad.

Finalmente, Quiroz reclamó que el fallo sirva para generar una discusión más profunda sobre la corrupción y sus consecuencias. Consideró que los medios de comunicación tienen un papel central para explicar el caso y mantener vigente el debate. “Lo importante es que haya condena” y que esa condena “encarne en la sociedad”, sostuvo, porque el objetivo final debería ser que la ciudadanía pueda identificar cuáles son las conductas correctas y cuáles constituyen delitos contra el Estado.

Entrevista de Alberto Lotuf.

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