Tensión institucional: Pullaro recibe a fiscales y Javkin visita Microtráfico

Por Hernán Funes

La tensión institucional entre el Ministerio Público de la Acusación y la Cámara Penal de Rosario llegó al Poder Ejecutivo y a la política. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibirá este viernes a la fiscal general María Cecilia Vranicich, al fiscal regional Matías Merlo y a Franco Carbone, titular de la Unidad de Microtráfico.

El encuentro se producirá en la sede de la Gobernación en Rosario a las 14. En la mesa estará también el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.

Si bien en la Casa Gris aseguran que el encuentro estaba previsto desde el viernes pasado, antes de ésta semana de debate y acusaciones cruzadas por la implementación de la Ley de Microtráfico, la foto será una significativa señal de respaldo a la política de persecución penal de los fiscales, estrechamente ligada al plan de seguridad de Pullaro.

Las dos partes consideran que el desbaratamiento de bandas que disputan el control territorial a los tiros y el derribo de bunkers -108 hasta ayer- es clave para la baja de más del 60% de los homicidios en Rosario. La actual normativa permite la inactivación desde un momento temprano como una audiencia imputativa; los jueces de primera instancia validan recurrentemente el pedido de los fiscales.

Sobre la mesa, además, hay un informe que indica que los casos con fallos en contra "son 12 y no 7 como planteó la Cámara". Y que involucran a 117 imputados, todos parte de bandas "pesadas". Pero fundamentalmente, que "el impacto de una decisión no se mide exclusivamente por la cantidad sino también por su capacidad para fijar criterios interpretativos". Es decir, le dejan terreno fértil a los abogados defensores, que durante muchos años se aprovecharon de los escasos recursos, retardo o hasta corrupción -según la Causa Bailaque- de la Justicia Federal.

En el caso de la Fiscalía de Rosario y zona, donde Merlo tiene más de 120 fiscales a su cargo, destinó a no menos de 90 personas entre funcionarios y empleados para que la investigación penal se transforme en una herramienta de control de la violencia: son las que conforman las unidades de Microtráfico y la UVAL, que aborda los homicidios, heridos y balaceras. Todo gira alrededor de la venta de drogas a baja escala en los barrios.

Las resoluciones de la Cámara Penal que declaraban la incompetencia provincial eran un foco de preocupación en el MPA y el Poder Ejecutivo, pero estalló esta semana cuando Merlo habló en Cadena 3 Rosario y señaló que, de perder la herramienta, podría haber más homicidios y balaceras. "Van a tener que hacerse cargo", dijo a los jueces, lo que generó un fuerte impacto. La Cámara le respondió que era "temerario" e "irresponsable".

Los jueces enviaron copia del comunicado a instancias superiores y de revisión. El auditor Leandro Mai respondió rápidamente que no tiene injerencia. Asimismo, por la autonomía del Ministerio Público consagrada en la nueva Constitución, la Corte Suprema ya no tiene facultades sobre Merlo. Y a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura llegó el comunicado pero no una denuncia puntual.

En el máximo tribunal siguen muy de cerca el conflicto, aunque el presidente Rafael Gutiérrez evitó ir más allá al ser consultado tras abrir el año judicial: "No tengo nada que opinar", se limitó.

Solo en off

Entre las cuestiones no escritas ni enunciadas, en la Fiscalía no son pocos los que creen que algunos camaristas -no todos- intentan socavar la política de persecución penal por una cuestión de poder u oposición. Y así como existe el reconocimiento a la formación, solidez y seriedad de parte de la Cámara, sobre algunos jueces se extiende la desconfianza.

En ese camino, no pasaba desapercibido al cierre de esta nota que en los Tribunales Provinciales estaban notificando a las partes que el MPA recusó al juez Javier Beltramone para que no intervenga en la revisión de la condena a 9 años de prisión por corrupción a Patricio Serjal. Los motivos estaban bajo siete llaves.

Por su parte, los jueces sostienen que trabajan de modo independiente y que ejercen el control de legalidad que la ley les otorga. Algunos por lo bajo cuestionan la cercanía entre el MPA y la Casa Gris.

El gobernador por ahora no hizo referencia públicamente al conflicto, aunque en Gobernación indicaban que podría tener un tono de "consenso y construcción" con la Cámara, más allá de su posición.

El rol de los intendentes

Por su parte, el intendente Pablo Javkin tiene previsto visitar la Unidad de Microtráfico el martes próximo. Es una unidad descentralizada, parte de la Fiscalía General y tiene como jefe al fiscal Franco Carbone.

El encuentro está previsto para el martes próximo a las 12, en las oficinas del MPA, según confirmaron en el Palacio de los Leones.

Javkin va con los números en la mano: a dos años de la implementación de la Ley, los 14 homicidios en Rosario de marzo hasta anoche era la cifra más baja desde que hay registro hace más de 10 años. Y en la ciudad donde hubo una agenda única negativa, ahora se disputa con Nicki Nicole, Fito Páez, Ángel Di María, los Odesur y otros eventos deportivos y culturales significativos, junto a la obra pública.

En ese sentido, el intendente Javkin reconoce el trabajo de Pullaro en materia de seguridad. "Rosario cambió mucho y para siempre. No hay hecho que no se esclarezca. Y esto nos permite volver a recibir Congresos", dijo a Cadena 3 en ExpoAgro al presentar el retorno de Aapresid al salón Metropolitano, que será en agosto.

Por ahora, a la reunión irá en soledad o con sus equipos. Aunque varios intendentes radicales debatían un pronunciamiento público, impulsado especialmente por Leonel Chiarella de Venado Tuerto, donde aseguran que el derribo de búnkers que los vecinos denunciaban cambió la fisonomía de algunos barrios.

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