"Temerario": camaristas respondieron a Merlo y van a la Corte y la Legislatura
Como el jefe de los fiscales de Rosario cuestionó fallos de jueces contra el Microtráfico y los responsabilizó si hay "más homicidios", lo jueces firmaron un comunicado y plantearon que fue una "irresponsabilidad". Salvador confirmó que pedirán que se analice su conducta.
11/03/2026 | 09:35Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gustavo Salvador, presidente de la Cámara Penal de Rosario.
-
Audio. "Temerario": camaristas respondieron a Merlo y van a la Corte y la Legislatura
Cadena 3 Rosario
“Temerario”, “sin rigor” y con un pedido de intervención a la Corte, Legislatura y Auditoría. Así respondió la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario al jefe de los Fiscales de Rosario (Merlo), quien cuestionó a los jueces que resolvieron contra la competencia provincial en la venta de drogas a baja escala y dijo que habrá “más homicidios” y “deberán hacerse cargo”.
A través de un comunicado firmado por los jueces de Segunda Instancia de Rosario, manifestaron su “más enérgico rechazo” a los dichos de Merlo y consideraron que sus expresiones resultan “desajustadas y agraviantes”.
/Inicio Código Embebido/
Seguridad y Justicia. Jefe de Fiscales a camaristas: “Habrá más homicidios” y "deberán hacerse cargo"
Matías Merlo cuestionó a los jueces de Rosario que dictaron resoluciones contra la persecución provincial de droga a baja escala. Aseguró que pueden provocar "más homicidios, balaceras y heridos"
/Fin Código Embebido/
El presidente de la Cámara Penal de Rosario, Gustavo Salvador, profundizó esa postura en diálogo con Cadena 3 Rosario. Allí afirmó que las declaraciones del fiscal regional son “muy preocupantes” y las calificó como una “irresponsabilidad funcional” por intentar atribuir a los jueces la responsabilidad por eventuales hechos de violencia.
Salvador explicó que entre 2024 y lo que va de 2026 la Cámara recibió 358 causas vinculadas al narcomenudeo o a la narcocriminalidad y que solo en seis casos se declaró la incompetencia de la justicia provincial. Según indicó, esas decisiones se basaron en la legislación vigente y en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Lo temerario es que por seis causas sobre 358 se diga que eso puede incrementar los homicidios o las balaceras en Rosario. Intentar infundir temor en la sociedad por resoluciones judiciales es una irresponsabilidad funcional tremenda”, sostuvo el magistrado.
Salvador recordó que la propia Justicia provincial tuvo un rol central en condenas contra organizaciones narcocriminales como las bandas de Los Monos y Esteban Alvarado, y señaló que incluso jueces fueron víctimas de amenazas y ataques por esas investigaciones. “Pretender que por algunas resoluciones fundadas los jueces debamos hacernos cargo de la inseguridad no solo es temerario, sino también una presión contra la independencia judicial”, concluyó.
Por último, confirmó que la Cámara Penal pide evaluar las declaraciones del fiscal regional Merlo: "Lo hicimos conocer a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, a la Auditoría del MPA y a la Corte Suprema", señaló Salvador en una entrevista con el periodista Hernán Funes en Cadena 3 Rosario.
MERLO ABRIÓ EL DEBATE
Este martes, en declaraciones a Cadena 3, Matías Merlo (Ministerio Público de la Acusación) defendió la política criminal que se implementa desde la sanción de la ley provincial de desfederalización del narcomenudeo en 2023, que habilitó a fiscales y policías provinciales a intervenir en la venta de droga a pequeña escala en los barrios. Según explicó, atacar el “pasamanos” y los búnkers permite reducir la violencia que se genera alrededor de esos puntos de venta.
“Si nos quitan esa herramienta esencial para investigar el narcomenudeo, va a impactar directamente en la seguridad pública con más homicidios, más balaceras y más heridos de arma de fuego”, afirmó.
El fiscal regional fue aún más contundente al advertir que quienes dicten ese tipo de resoluciones “deberán hacerse cargo de las consecuencias”, al sostener que la pérdida de esa competencia dejaría al Estado sin una herramienta clave para prevenir la violencia en los barrios.
Las declaraciones generaron una inmediata reacción institucional de la Cámara Penal de Rosario.
EL COMUNICADO DE LOS JUECES COMPLETO:
Los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del Fiscal Regional, Dr. Matías Merlo.
Consideramos que sus expresiones no solo resultan desajustadas y agraviantes, sino que constituyen un intento de coacción institucional que busca trasladar, hacia el ámbito jurisdiccional, responsabilidades propias del órgano acusador que él mismo representa.
Resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras.
Dicha afirmación constituye una falacia de causalidad que intenta utilizar el legítimo temor de la sociedad ante la inseguridad como una herramienta de presión contra los jueces. Más aún cuando los mismos jueces hemos sido víctimas de semejantes hechos violentos; pero por llevar a cabo nuestra labor jurisdiccional en sonados casos contra el accionar de organizaciones narcocriminales.
Las declaraciones del Fiscal Regional evidencian un profundo desconocimiento —o una omisión deliberada— de las reglas de competencia establecidas en la Ley de Desfederalización de Microtráfico (Ley No. 26052) y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que por otro lado se ha expedido al respecto confiriendo razón a estos jueces provinciales.
Más grave aún resulta la intencionada tergiversación de los datos de la realidad pues, en esta Cámara, se recibieron entre los años 2024 a lo que va del 2026, un total de 358 casos de recursos relacionados con el fenómeno del Microtráfico y solo 7 de ellos se han remitido a la Justicia Federal para su prosecución por imperio de las normas de competencia y a pedido de parte. Estas declaraciones de incompetencia en causas que exceden el marco del narcomenudeo no son concesiones a la impunidad, sino el cumplimiento estricto del Principio de Legalidad y de la Garantía del Juez Natural (Art. 18 CN), más aún cuando son remitidas a otra sede para su continuidad y -en su caso- con personas con prisión preventiva.
Calificamos estas declaraciones como un exabrupto institucional impropio de un funcionario de su jerarquía, claramente lesivo de la independencia judicial.
La independencia de los jueces es la última garantía de los ciudadanos frente al poder. Ceder ante presiones que exigen apartarse de la ley bajo amenaza de "responsabilidad social" por hechos de violencia sería claudicar en nuestra función republicana y democráctica.
Firmado: Dres. Bibiana Alonso, Javier Beltramone, Silvia Castelli, Daniel Curick, Nicolas Foppiani, Carolina Hernández, Alfredo Ivaldi Artacho, Juan Lavini Rosset, Guillermo Llaudet, Ismael Manfrín, Miguel Moreno, Tomás Orso y Gustavo Salvador.
