La defensa del exfiscal Ríos Artacho adelantó que apelará: "Él sacaba dinero para cubrir deudas"
El funcionario quedó preso tras ser acusado por desviar 425 millones de pesos de fondos judiciales. Su abogado, Juan Manuel Fascia, justificó el accionar de su defendido por su adicción al juego. El fiscal Adrián Spelta describió el entramado delictivo y las maniobras de fraude.
10/09/2026 | 08:11Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El exfiscal Mariano Ríos Artacho quedó preso por el desvío de fondos judiciales.
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Radioinforme 3 Rosario
El exfiscal Mariano Ríos Artacho permanece detenido con prisión preventiva por 90 días, luego de la resolución de la jueza Trinidad Chiabrera en el marco de la investigación por el presunto desvío de $425 millones de cuentas judiciales. La defensa anticipó que apelará la medida y cuestionó especialmente la acusación de asociación ilícita, mientras que la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para investigar una estructura organizada y profundizar el rastreo del dinero.
El abogado Juan Manuel Fascia, uno de los defensores de Ríos Artacho junto a Clara Vázquez Rossi e Ignacio Alfonso Garrone, hizo un balance crítico de los tres días de audiencia y aseguró que esperaban una resolución diferente. “Fueron tres días intensos, una audiencia que no suele ocurrir, pero la causa es amplia, es compleja”, sostuvo. Según explicó, la defensa estaba convencida de los argumentos planteados y consideraba que existían elementos para que su cliente atravesara el proceso en libertad.
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"En estos siete años se transfirieron los fondos depositados como fianza, como reparación de las víctimas o secuestrados en algún procedimiento a personas que no tenían ninguna vinculación con el hecho investigado", detallaron los investigadores.
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Fascia remarcó además que Ríos Artacho declaró durante las audiencias y manifestó su voluntad de colaborar con la investigación. “Nuestro defendido, el doctor Mariano Ríos Artacho, declaró, presentó, manifestó su voluntad de colaborar”, señaló. También destacó que el exfiscal pidió disculpas “a su familia, al Ministerio Público de la Acusación, a la ciudadanía, en definitiva”, por lo que considera que faltó en el ejercicio de su función.
Uno de los principales argumentos de la defensa está relacionado con la ludopatía que, según Fascia, afecta a Ríos Artacho desde hace más de una década. El abogado aclaró que no se utilizó ese diagnóstico para buscar la inimputabilidad, sino para que sea considerado dentro de la investigación. “No es que la defensa plantea y trae a las audiencias el hecho de la ludopatía para trabajar la inculpabilidad”, explicó. “Lo que manifestamos es para que se tenga en consideración y en el devenir de la investigación se investigue a fondo que en el fondo lo que había era una cuestión de una enfermedad”.
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En ese sentido, Fascia rechazó la hipótesis de una organización criminal dedicada a apropiarse de dinero público. “No estamos de acuerdo en el planteo de la asociación ilícita, acá no había una organización criminal”, afirmó. Según su interpretación, existía una persona que, pese a comprender la ilegalidad de sus actos, atravesaba un trastorno severo que afectaba su capacidad de controlar sus conductas. El abogado sostuvo que los tratamientos psicológicos y psiquiátricos y las exclusiones de casinos durante más de diez años acreditarían que no se trata de un argumento incorporado recientemente.
Otro de los interrogantes planteados durante la audiencia fue el destino de los $425 millones. Fascia negó que ese dinero haya terminado incorporado al patrimonio personal de Ríos Artacho o que exista un nivel de vida compatible con una maniobra destinada a obtener un beneficio económico. “No está el patrimonio”, aseguró. Según el defensor, varios de los imputados tienen una situación crediticia de “nivel 5” en más de siete bancos, considerada irrecuperable, lo que, a su criterio, resulta incompatible con la hipótesis de una organización creada para lucrar.
La defensa sostiene que los fondos fueron utilizados para cubrir deudas vinculadas con el juego y que la situación habría generado una “espiral” de endeudamiento. Fascia señaló que Ríos Artacho expresó su voluntad de colaborar y contribuir, dentro de sus posibilidades, a determinar los esquemas investigados y las eventuales reparaciones. También consideró que no existe riesgo procesal porque su cliente ya no pertenece al MPA y no tendría posibilidad de interferir sobre las evidencias que la Fiscalía tiene bajo resguardo.
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La acusación también describe un mecanismo que habría permitido ocultar temporalmente los faltantes y evitar que las irregularidades fueran detectadas.
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Por ese motivo, Fascia confirmó que la defensa apelará la prisión preventiva. “Seguramente se trabaje en la apelación”, anticipó, insistiendo en que no considera acreditado el carácter de organización criminal. “Entendemos que no dan los tipos y aparte realmente que no había una organización para desviar fondos”, sostuvo. Para el abogado, los hechos serían aislados y responderían al patrón de una persona que buscaba cubrir deudas generadas por su adicción.
La posición de la Fiscalía
Por su parte, el fiscal anticorrupción Adrián Spelta aseguró que la investigación patrimonial continuará y que todavía no está determinado en forma definitiva el destino de todo el dinero. “Nosotros hicimos un estudio patrimonial y todavía vamos a seguir profundizando en eso”, explicó. Por el momento, la principal hipótesis es que los fondos fueron canalizados hacia personas vinculadas con el juego, aunque el fiscal advirtió que se trata de una suma importante y que no se descartan otras utilidades.
Spelta puso además el foco en la cantidad de cuentas judiciales que todavía deben ser analizadas. Explicó que la investigación comenzó hace aproximadamente dos meses y medio, a partir de una irregularidad detectada en una cuenta. De las primeras 48 cuentas analizadas surgieron 12 expedientes con irregularidades, pero quedan cerca de un centenar por revisar. “Entendemos que podría ampliarse el número a alguna que otra cuenta más”, advirtió.
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El fiscal relató cómo se detectó la maniobra. Al cerrarse una de las causas, denominada “causa cero”, se constató que el dinero judicial que debía permanecer depositado había salido de la cuenta y luego había regresado. “Dos años atrás había salido y hace un tiempo había vuelto a ser depositado en la cuenta judicial”, explicó. Esa circunstancia encendió la alarma y llevó a revisar las cuentas que estaban bajo responsabilidad de Ríos Artacho.
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Mariano Ríos Artacho fue señalado como jefe de una asociación ilícita con 21 hechos de peculado, 15 fraudes y 21 falsedades ideológicas. Gonzalo Rucci, abogagado defensor de otro imputado que es Fabricio Romero, aseguró que hay un trasfondo de ludopatía.
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Spelta también explicó por qué las irregularidades no fueron detectadas antes, pese a que las causas llevaban años en trámite. Según detalló, se trataba de cuentas judiciales y no de cuentas institucionales del MPA, que tienen otros mecanismos de control. Una de las irregularidades detectadas consistía en que el fiscal depositaba fondos a nombre del MPA sin intervención de la Oficina de Gestión Judicial. “Esta primera irregularidad permite que no tengamos el control por parte de la judicatura”, afirmó.
El fiscal explicó además el funcionamiento del mecanismo de doble firma y por qué, según la hipótesis de la Fiscalía, varios colegas de Ríos Artacho habrían sido engañados y no necesariamente cómplices. “Nosotros tenemos un control de doble firma”, señaló. El primer fiscal responsable de la causa firmaba el oficio y luego otro fiscal debía verificar la existencia del dinero y las formalidades antes de colocar su firma. “El primer engañado es el colega del fiscal”, sostuvo Spelta.
En total, la acusación incluye 21 hechos de peculado, 15 de fraude a la administración y 21 casos de falsedad ideológica de instrumento público. Spelta remarcó que las segundas firmas fueron colocadas por nueve fiscales diferentes, todos vinculados laboralmente con las distintas áreas en las que se desempeñó Ríos Artacho. Por eso, aclaró que la Fiscalía no parte de la hipótesis de una complicidad generalizada de los colegas que firmaron los documentos.
Consultado sobre el impacto que generan los sucesivos casos de corrupción dentro de la Justicia provincial y federal, Spelta sostuvo que el fenómeno no es nuevo y recordó un antecedente ocurrido alrededor de 2010, vinculado también con fondos del Banco Municipal y un juez. “Esto existió, va a existir, y la tarea nuestra es evitar que esto siga sucediendo”, afirmó. Para el fiscal, el objetivo es que cada vez que aparezcan irregularidades se investiguen y quienes resulten responsables respondan por sus conductas.
Mientras Ríos Artacho y los demás imputados permanecen bajo prisión preventiva durante los próximos 90 días, la investigación continuará con el análisis de las cuentas restantes y del destino de los fondos. La defensa buscará revertir la medida cautelar ante la Cámara y cuestionará la figura de asociación ilícita, mientras la Fiscalía intentará determinar si los $425 millones representan el total de la maniobra o solamente una parte de un esquema todavía mayor. El destino final del dinero y el alcance de las responsabilidades serán, así, dos de los principales interrogantes que deberá resolver la investigación.
Entrevista de Hernán Funes.
