Patricia Bullrich denunció a Martín Soria por la intervención de su fundación

Patricia Bullrich denunció al ministro de Justicia Martín Soria, por concretar la intervención de su fundación (Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil) por 180 días hábiles. 

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio responsabilizó al ministro de Justicia de perseguirla políticamente y acusó al Gobierno de buscar "correr la atención de su gestión desastrosa".

Bullrich ya había denunciado al titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, por "perseguir a las entidades de los opositores", en tanto amplió su denuncia contra Soria, contra quien cargó por "haber ejercido abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, encargado de la investigación, y según lo expuesto por la abogada de Bullrich, Silvina Martínez, "lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista".

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"No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó", expresó la letrada al tiempo que aclaró que "se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa".

En la misma línea, a través del documento presentado subrayó: "Menciona el titular de la IGJ que se pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas. Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen".

Para la abogada, la causa en contra de Bullrich se manejó "en secreto" y detalló que la intervención se produjo a pesar de que la Justicia rechazara la posibilidad de proceder.

"Desde el año 2014 el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil. Ello porque la ley orgánica de la IGJ (22315) establece que el organismo puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención en los siguientes casos: 1) si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento; 2) si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público; 3) si existen irregularidades no subsanables; 4) si no pueden cumplir su objeto. Nada de esto ocurre en el caso", concluyó.

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