El Senado debate la ampliación de la Corte Suprema y recibiendo críticas de juristas

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado reanudó hoy la discusión sobre la ampliación de la Corte Suprema con perspectiva de género, después de dos semanas de inactividad legislativa. El debate comenzó poco después de las 11:00, con la participación de expositores como María Esther Cafure de Battistelli, delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), seguida por Andrés Gil Domínguez, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y la jueza Liliana Piccinini del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Cafure de Battistelli subrayó la importancia de la igualdad de género en todos los organismos judiciales, sugiriendo la necesidad de implementar un cupo femenino en la Corte Suprema para reflejar las desigualdades estructurales existentes en el sistema judicial argentino.

Por su parte, Gil Domínguez abogó por un examen más exhaustivo de la Corte Suprema con el objetivo de “reestructurar el tribunal”, argumentando que un simple cambio en su composición no implicaría una reorganización efectiva. Destacó que la integración y las características de los miembros de la Corte son fundamentales, pero estas modificaciones deberían formar parte de una discusión más amplia que lleve a una nueva ley orgánica que reconfigure el funcionamiento integral de la Corte. Gil Domínguez advirtió que abordar directamente la ampliación de la Corte, aunque importante, podría considerarse solo un avance superficial, sin que se logre una reorganización efectiva.

En relación al número de integrantes, el constitucionalista mencionó que históricamente el número establecido fue de 9 miembros en 1853 y que, aunque se modificado posteriormente, se debería consensuar un grupo de entre 9, 11 o 13 integrantes para asegurar su funcionamiento adecuado.

Gil Lavedra se opuso a modificar el número de miembros de la Corte, argumentando que Argentina sufre una baja institucionalidad, afectando la confianza de la ciudadanía en la Justicia. Señaló que, si bien está de acuerdo con la inclusión de la perspectiva de género y la federal, el momento no es propicio para un cambio en la cantidad de miembros. Afirmó que lo prioritario sería estabilizar la institución y recuperar la confianza de la población hacia la Justicia.

Tanto Gil Domínguez como Gil Lavedra coincidieron en la necesidad de que la política logre alcanzar consensos para lograr reformas en la Corte. Gil Lavedra sugirió que, aunque es un desafío conseguir dos tercios de los votos, es crucial buscar un consenso que no se base en el reparto sino en un acuerdo que no objeten los candidatos seleccionados.

Liliana Piccinini, enfocándose en la perspectiva de género, enfatizó que la paridad no debe ser vista como una concesión, sino como un derecho que mejora la calidad democrática. También hizo un llamado a crear una agenda que impulse un enfoque de género en la selección de jueces y en las políticas internas del sistema judicial.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, impulsó esta convocatoria, que marcó el segundo encuentro sobre el tema. Se anticipa una nueva reunión informativa, con la posibilidad de que las deliberaciones se extiendan hasta después del receso de julio, con la esperanza de que los dictámenes se presenten entre agosto y septiembre. Entre los diversos proyectos en discusión, se encuentran los del senador Juan Carlos Romero, que sugiere aumentar los miembros de cinco a nueve, y de la senadora Mónica Silva, que también busca la integración de nueve miembros, mientras que el kirchnerismo propone un proyecto para elevar el número a 15 integrantes.

Recientemente, el senador José Mayans, líder de la bancada peronista, indicó que el Partido Justicialista apoyaría la ampliación de la Corte Suprema a siete miembros, alineándose con la propuesta de Romero.

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