Una jueza federal revoca la política de Trump sobre visas a ciudadanos de 75 países

En un fallo significativo, una jueza federal de Nueva York ha invalidado una política del gobierno de Donald Trump que suspendía la tramitación de visas para ciudadanos de 75 países, incluidos Afganistán, Irán, Rusia y Somalia. Esta medida fue considerada por la administración Trump como necesaria para evitar que personas de estas naciones, a las que se les atribuye una alta probabilidad de requerir asistencia pública en Estados Unidos, pudieran obtener visas de inmigración.

La jueza Jeannette Vargas, nombrada por el expresidente Joe Biden, tomó la decisión el pasado viernes, argumentando que la política era "contraria a la ley y excedía la autoridad conferida por la ley".

Según Vargas, el secretario de Estado, Marco Rubio, había sobrepasado su autoridad al emitir esta política, que "contraviene" la Ley de Inmigración y Nacionalidad al ordenar la negación de visas a solicitantes elegibles sin una base legal adecuada.

La jueza señala la autoridad de los funcionarios consulares

En su fallo, la jueza Vargas también enfatizó que la política socavaba el mandato del Congreso, que confiere a los funcionarios consulares la autoridad y discrecionalidad exclusivas para determinar la elegibilidad de un inmigrante para una visa, basándose en criterios específicos establecidos por la ley. "La política, que prohíbe de manera categórica la emisión de visas de inmigrante basándose en la nacionalidad del solicitante, representa una abrogación directa de este esquema legal", escribió.

La política fue impugnada por dos organizaciones sin fines de lucro, junto con 11 personas, incluidas seis cuyos familiares habían recibido negativas de visas. Las cinco restantes se encuentran fuera del país y habían presentado "peticiones basadas en empleo" para ingresar a Estados Unidos.

Defensores argumentan que la política era cruel

"Celebramos este fallo porque, en esencia, este caso trata de mantener unidas a las familias", expresó Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC, una organización nacional sin fines de lucro que proporciona recursos y apoyo a proveedores de servicios legales de inmigración y que fue una de las demandantes. "La doctrina social católica nos llama a defender la dignidad de cada persona y a reconocer a la familia como la base de la sociedad", agregó.

Otro demandante, African Communities Together, una organización sin fines de lucro con sede en Harlem, calificó el fallo como "una enorme victoria para el estado de derecho". "Esta prohibición ilegal y racista causó un daño inconmensurable, manteniendo cruelmente separadas a familias y seres queridos", declaró Diana Konate, subdirectora ejecutiva de políticas y defensa.

La política de Trump y su impacto en la inmigración

Desde su asunción, Trump ha implementado una serie de prohibiciones de inmigración y restricciones de viaje, mayormente dirigidas a personas de Africa, Asia y América Latina. El Departamento de Estado argumentó que estas medidas eran necesarias para proteger al pueblo estadounidense, manteniendo altos estándares de revisión y verificación para los solicitantes de visas.

Cuando se emitió la política, el departamento había indicado que más del 30% de los hogares con inmigrantes de los países afectados recibían algún tipo de asistencia pública, lo que justificaba la restricción.

Esta decisión es el último ejemplo de cómo los tribunales han desmantelado la agenda migratoria de Trump. Un juez federal había anulado anteriormente una política que complicaba la entrada y permanencia de inmigrantes de varios países, alegando que había dejado a muchos en un "limbo legal indeterminado".

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