Republicanos presentan demanda contra resultados del censo de 2020

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Dos grupos de jóvenes republicanos impugnaron los métodos estadísticos utilizados para producir los resultados del censo de 2020, cuatro años después de que se publicaran los números, mientras el Partido Republicano continuó su creciente ataque a las cifras del último recuento de población de Estados Unidos.

El desafío legal, presentado en un tribunal federal de Florida, cuestionó las cifras que determinaron cuántos escaños en el Congreso obtuvo cada estado, y ocurrió mientras el presidente Donald Trump presionó a las legislaturas estatales lideradas por republicanos para que redibujaran sus distritos congresionales en beneficio del partido previo a las elecciones del próximo año.

El experto en censo y redistribución de distritos, Jeffrey Wice, afirmó el viernes que la demanda en Florida era parte de esa estrategia para mantener la Cámara de Representantes bajo control republicano.

"Claramente, esto es parte de esa agenda para usar los tribunales y las legislaturas estatales de cualquier manera que puedan para retener el poder congresional", declaró Wice, profesor de la Escuela de Derecho de Nueva York. "No es un gran avance".

El martes, los Republicanos Jóvenes de la Universidad del Sur de Florida, los Republicanos Jóvenes del Condado de Pinellas y dos individuos presentaron una solicitud para que un panel de tres jueces escuche su demanda, como se requiere para casos que involucran el proceso de distribución de escaños congresionales entre los estados. La solicitud del jueves fue remitida al juez principal del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos.

Los abogados de los demandantes no respondieron a una pregunta enviada por correo electrónico sobre la demanda, y tampoco lo hicieron la Oficina del Censo ni el Departamento de Comercio que supervisa la oficina.

En los últimos meses, algunos funcionarios electos del Partido Republicano han estado pidiendo una repetición a mitad de década del recuento de población que se realiza una vez cada década de cada residente de Estados Unidos. En agosto, Trump instruyó al Departamento de Comercio para que la Oficina del Censo comenzara a trabajar en un nuevo censo que excluyera a los inmigrantes que están en el país ilegalmente.

El gobernador republicano Ron DeSantis acusó recientemente a la Oficina del Censo de "hacerle trampa" a Florida, diciendo que el tercer estado más poblado del país merecía un escaño adicional en la Cámara. Florida ganó un escaño adicional en la Cámara después del censo de 2020, elevando su total a 28. A diferencia de otros estados, Florida apenas proporcionó recursos para movilizar a los residentes a completar los formularios del censo, y DeSantis desestimó las primeras llamadas para formar un comité estatal destinado a movilizar la participación.

En una carta al Departamento de Comercio esta semana, el senador republicano por Indiana Jim Banks culpó a uno de los métodos estadísticos por producir totales inexactos y exigió la publicación de un archivo que contenga datos originales y sin alterar del censo.

"La administración de Biden usó una fórmula de 'privacidad' turbia que alteró los datos y contó mal a 14 estados", escribió Banks en redes sociales. "Incluyó a inmigrantes ilegales y otorgó escaños adicionales a los demócratas. Los estadounidenses merecen un conteo justo y estoy luchando para corregirlo".

Aunque los números del censo de 2020 se publicaron durante los primeros meses de la administración del presidente demócrata Joe Biden, su ejecución y planificación, incluida la decisión de usar los métodos estadísticos, tuvo lugar durante el primer mandato de Trump. La 14ª Enmienda dice que "el número total de personas en cada estado" debe contarse para los números utilizados para la distribución, y la Oficina del Censo ha interpretado eso como cualquier persona que resida en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal.

Los métodos que la demanda impugnó fueron "privacidad diferencial" e "imputación" para cuartos grupales, que incluyen dormitorios universitarios, hogares de ancianos y otros lugares donde las personas viven juntas bajo un mismo techo. La privacidad diferencial agrega errores intencionales a los datos para ocultar la identidad de cualquier participante en el censo de 2020, al tiempo que proporciona información estadísticamente válida. La imputación es un proceso de usar otra información para completar datos sobre personas cuando los encuestadores del censo no pueden contactar a nadie en una dirección particular.

El censo de 2020 enfrentó obstáculos sin precedentes debido a la pandemia de COVID-19, huracanes e incendios forestales, disturbios sociales y esfuerzos de la administración Trump para terminar el conteo temprano. Los cuartos grupales, como dormitorios universitarios y hogares de ancianos, fueron especialmente desafiantes ya que los campus cerraron y las instalaciones de cuidado restringieron el acceso en un esfuerzo por detener la propagación de COVID-19.

La demanda describió la imputación como una forma de muestreo estadístico, lo cual está prohibido para la distribución. Pero Terri Ann Lowenthal, una ex asistente del Congreso que asesora sobre temas del censo, indicó el viernes que "la imputación no es muestreo" y que la privacidad diferencial no afectó los conteos de población estatal utilizados para distribuir escaños congresionales.

"La precisión es el objetivo primordial", sostuvo Lowenthal. "No estoy segura de por qué hay un esfuerzo concertado entre los republicanos para disminuir la precisión del censo".

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