Recomiendan quitar inmunidad al presidente de Costa Rica por presunta corrupción

SAN JOSÉ (AP) — Dos de los tres miembros de una comisión legislativa encargada de analizar el levantamiento de inmunidad para el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recomendaron el viernes el retiro del fuero legal al mandatario para que sea juzgado por presuntos cargos de corrupción.

En una sesión de la comisión realizada en la Asamblea Legislativa, las diputadas opositoras Andrea Álvarez (Liberación Nacional) y Rocío Alfaro (Frente Amplio), quienes conforman mayoría en esa instancia, dijeron que encontraron elementos suficientes para pedir al plenario legislativo que se vote a favor del levantamiento de inmunidad de Chaves y de su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

El otro miembro de la comisión, el oficialista Daniel Vargas, argumentó en contra del retiro del fuero presidencial.

Ahora estos informes — el de mayoría y de minoría — debieron someterse a conocimiento del pleno de 57 diputados, quienes decidirían en última instancia si retiran la inmunidad al gobernante. Inicialmente se ha establecido el 22 de septiembre como fecha para esa votación.

La Fiscalía General acusa a Chaves y a Rodríguez, quien era entonces jefe de despacho del presidente, de supuestamente haber presionado al productor audiovisual, Christian Bulgarelli, para que beneficiara a un exasesor presidencial y excolaborador de campaña suyo con dineros provenientes de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El contrato adjudicado en 2022 a Bulgarelli constaba de 400.000 dólares por servicios de comunicación para la Presidencia de Costa Rica, de los cuales el productor habría destinado 32.000 para la compra de una casa para el exasesor Federico Cruz.

En el caso de Rodríguez, este dijo a la comisión legislativa que renunciaría voluntariamente a su inmunidad para enfrentar el proceso judicial, mientras que Chaves insistió en que no tiene nada que temer, pero que no renunciará a su fuero.

En su informe, las diputadas descartaron las tesis de la defensa en cuanto a que existan irregularidades o “persecución política” por parte de la Fiscalía General contra el presidente, pues la defensa del mandatario alegó que toda la acusación y el uso de un “testigo de la corona” se dio en tiempos que no calzan con la realidad.

“Lo señalado por la defensa no se corresponde con la realidad ni en términos de lo que señala el Código Penal, ni en términos de lo que el expediente nos permitió revisar y constatar respecto a la coherencia lógica interna del expediente”, comentó la diputada Alfaro sobre ese punto.

La diputada Álvarez, presidenta de esta comisión, comentó que con base en el expediente y lo declarado por el fiscal general, Carlo Díaz, consideró que hay elementos suficientes para recomendar el levantamiento de la inmunidad.

En contraste, el diputado oficialista Vargas insistió en que la inmunidad del presidente debe mantenerse, pues considera que la pieza acusatoria está mal elaborada.

“La acusación no contiene elementos suficientes que constituyan una causa probable del delito de concusión”, dijo Vargas. “No hay seriedad ni consistencia en la pieza acusatoria. No tengo dudas de que detrás de esta solicitud hay un interés de persecución política”.

El 1 de julio, la Corte Suprema de Justicia remitió un informe aprobado por mayoría, avalando el levantamiento de la inmunidad al presidente, tras analizar la acusación formulada por el fiscal general.

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