Ortega anuncia la cancelación de elecciones en Nicaragua y asegura que no habrá más votaciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Daniel Ortega confirmó que Nicaragua no llevará a cabo elecciones en el corto plazo, una declaración que resalta su intención de extender su mandato, que ya supera los 20 años, y que desilusiona las aspiraciones de la oposición de lograr una votación justa y democrática.

Este anuncio cancela efectivamente los comicios programados para noviembre de 2027, luego de que el Congreso, bajo control gubernamental, decidiera en enero de 2025 extender el mandato presidencial por un año adicional.

Ortega realizó su declaración durante la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista, que en 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza y lo llevó al poder por primera vez. Desde su regreso a la presidencia en 2007, ha modificado la Constitución, reprimido a la oposición y consolidado su dominio sobre prácticamente todas las instituciones del Estado nicaragüense.

Desde las protestas masivas de 2018, que resultaron en una violenta represión gubernamental que dejó cientos de muertos, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han mantenido su control sobre el país.

Ortega se proclamó ganador de las elecciones de 2021, un proceso que la comunidad internacional ha calificado de ilegítimo, tras encarcelar a todos los candidatos que podrían haberlo desafiado. Estados Unidos no reconoce su presidencia.

"Aquí no volverá a haber elecciones", afirmó Ortega en un discurso en el que criticó a Washington, su eterno adversario. "Aquí se acabó la historia de que los partidos impuestos por los yanquis, impuestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno".

"Jamás, jamás, jamás", reiteró en referencia a cualquier posibilidad de futuras elecciones.

Opositores y defensores de los derechos humanos han señalado que este anuncio representa una intensificación de las maniobras de Ortega para afianzar su control sobre Nicaragua. Juan Sebastián Chamorro, candidato en 2021 que estuvo encarcelado hasta su liberación hacia Estados Unidos en 2023, aseguró que la decisión revela el plan de Ortega de concentrar el poder en el Partido Sandinista, similar a regímenes de partido único como los de China y Cuba.

"Es evidente que Ortega y Murillo temen que cualquier apertura política pueda generar disidencia y amenazar su control del poder", declaró Tiziano Breda, analista de ACLED, un monitor independiente de conflictos.

"En lugar de organizar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral", añadió.

Danny Ramírez Ayérdiz, abogado nicaragüense y fundador del Centro Interamericano para la Asistencia Legal en Derechos Humanos, que investiga los abusos del gobierno de Ortega desde Argentina, afirmó que el anuncio "evidencia el rostro de una dictadura que se ha enraizado al poder sin ningún tipo de pudor".

"Esto también sugiere un aumento en la represión contra aquellos que exijan la salida del poder o la realización de procesos electorales", agregó.

Al menos 46 personas están encarceladas en Nicaragua por razones políticas, según el grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que monitorea los casos. Nicaragua niega tener presos políticos.

Tras una operación militar estadounidense en enero que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el gobierno nicaragüense anunció que liberaría a más presos, aparentemente para evitar presiones externas. Sin embargo, la continuidad de estas liberaciones ha sido escasa, y la transparencia sobre el tema es mínima. Se ha reportado que al menos un activista encarcelado ha muerto desde entonces.

En años recientes, el gobierno ha liberado a cientos de activistas y líderes políticos encarcelados, incluidos varios candidatos presidenciales de 2021, hacia Estados Unidos y Guatemala, despojando a muchos de su ciudadanía y bienes. Los liberados han relatado haber estado en aislamiento y haber sufrido torturas físicas y psicológicas.

Desde 2018, el gobierno de Ortega ha clausurado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles a abandonar el país. Recientemente, el gobierno despojó masivamente a abogados de sus licencias para ejercer, lo que expertos de la ONU han calificado como una "purga de la profesión jurídica".

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