Muerte de manifestante por arma de fuego en protestas contra presidente de Perú

LIMA (AP) — La fiscalía peruana investigó la muerte de un manifestante por arma de fuego ocurrida durante una multitudinaria protesta que exigía la renuncia del presidente interino José Jerí y de los legisladores, además de la derogación de leyes que, según creían los manifestantes, favorecían a la delincuencia.

El Ministerio Público dijo el jueves en X que dispuso el "levantamiento del cadáver" de Eduardo Ruíz, de 32 años, en el hospital limeño Arzobispo Loayza, además de "la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos".

Medios locales y cámaras de seguridad mostraron videos de Ruíz cuando cayó al piso en una calle de Lima luego de que un hombre que escapaba de algunos manifestantes realizó un disparo. Testigos indicaron que el atacante huía porque era acusado de ser un policía vestido de civil infiltrado como manifestante.

Las televisoras mostraron la víspera a hombres vestidos de civil que detenían a manifestantes y los introducían a la fuerza en carros policiales. Pese a ello, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dijo a la radio local RPP que la policía no usó agentes vestidos de civil durante la protesta.

La víspera, manifestantes en Lima, entre los que había organizaciones autodenominadas Generación Z, quemaron frente al Congreso un violín gigante de cartón cubierto por una banda presidencial y lanzaron fuegos artificiales a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones. Televisoras mostraron al menos a una policía apuntando con su pistola a manifestantes que habían tumbado su motocicleta.

La Defensoría del Pueblo confirmó más de 100 heridos, entre ellos 20 civiles y 80 policías. Seis periodistas recibieron el impacto de perdigones y otros cuatro fueron agredidos por la policía que les impidió realizar su labor, según la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.

Las protestas de la víspera recordaron a muchos peruanos los inicios del gobierno de Dina Boluarte, la antecesora de Jerí, que gobernó desde diciembre de 2022 pese a más de 500 protestas en su contra y 50 manifestantes muertos los primeros meses de su gestión.

Boluarte fue destituida el viernes luego de que los principales partidos en el Congreso le retiraron el apoyo cuando falta medio año para las elecciones generales, en las que se elegirá a 130 diputados, 60 senadores y un nuevo presidente. Jerí, un legislador de 38 años, la reemplazó de forma interina.

Las críticas contra Jerí se han incrementado porque enfrentó una investigación por presunta violación tras ser denunciado por una mujer. La fiscalía archivó la pesquisa en agosto, pero continúa para otro hombre que acompañaba a Jerí el día en que habrían ocurrido los hechos. En la protesta, más de 20 mujeres gritaron "El violador es Jerí".

Los manifestantes también criticaron que, mientras fue legislador, Jerí votó a favor de seis leyes que, según expertos, debilitan la lucha contra la delincuencia. Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.

Perú sufrió un alza de la criminalidad y la mayoría de víctimas pertenecieron a la clase trabajadora. Los asesinatos subieron de 676 casos en 2017 hasta 2.082 en 2024, mientras las denuncias por extorsiones aumentaron de 2.305 en 2020 a 21.746 en 2024, según datos de la fiscalía.

Las manifestaciones de la Generación Z de Perú empezaron hace un mes y se caracterizaron por celebrarse los fines de semana. En un principio pretendieron cambios en la ley de pensiones, que obligaba a los más jóvenes a realizar aportaciones, lo cual reducía aún más sus escasos ingresos.

Finalmente, el Congreso anuló los aportes obligatorios para los jóvenes.

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