El gobierno israelí implementa medidas en Cisjordania como "soberanía de facto"

RAMALLAH, Cisjordania (AP) — Un alto funcionario israelí manifestó el martes que las decisiones tomadas por el gobierno, que intensifican el control de Israel sobre la Cisjordania ocupada, equivalen a una implementación de "soberanía de facto", un término que refleja las advertencias de críticos sobre las intenciones detrás de estas medidas.

El ministro de Energía Eli Cohen declaró a la Radio del Ejército de Israel que estos pasos "en realidad establecen un hecho sobre el terreno de que no habrá un Estado palestino".

Los palestinos, varios países árabes y organizaciones de derechos humanos han calificado las acciones anunciadas el domingo como una anexión del territorio, que alberga a aproximadamente 3,4 millones de palestinos que buscan establecer un futuro Estado.

Las declaraciones de Cohen se suman a las de otros miembros del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, incluyendo al ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y al ministro de Defensa Israel Katz.

Estas medidas y las descripciones de los funcionarios israelíes enfrentan críticas tanto de aliados regionales como de declaraciones previas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había manifestado que no permitiría la anexión de Cisjordania. Netanyahu se encuentra en Washington esta semana para reunirse con Trump.

El año pasado, Trump había dicho que no permitiría que Israel anexara Cisjordania, en el contexto de un alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, que reconoció las aspiraciones palestinas de alcanzar la condición de Estado.

Condena generalizada

Las nuevas medidas erosionan aún más los poderes limitados de la Autoridad Palestina, y queda por ver qué tan lejos puede llegar este organismo en su oposición. En un comunicado emitido el martes, el gabinete del presidente Mahmoud Abbas instó a todas las instituciones públicas y privadas palestinas a no involucrarse con estas acciones israelíes y a respetar las leyes palestinas vigentes.

Un grupo de ocho países árabes y de mayoría musulmana expresó su "rechazo absoluto" a las medidas, advirtiendo que "alimentarían la violencia y el conflicto en la región".

Las promesas de Israel de no anexar Cisjordania son parte integral de sus acuerdos diplomáticos con algunos de esos países, y las advertencias de que esto era una "línea roja" para los Emiratos Árabes Unidos llevaron a Israel a posponer discusiones de alto nivel sobre el tema el año pasado.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró "gravemente preocupado" por estas medidas, señalando que "nos alejan cada vez más de una solución de dos Estados y de la capacidad de la autoridad palestina y del pueblo palestino para controlar su propio destino".

Qué significan las medidas

Las medidas, aprobadas el domingo por el Gabinete de Seguridad de Netanyahu, amplían la autoridad de Israel sobre el uso de la tierra y la planificación en áreas administradas por la Autoridad Palestina, facilitando que los colonos judíos obliguen a los palestinos a ceder tierras.

Smotrich y Katz anunciaron que levantarían restricciones sobre la venta de tierras a judíos israelíes en Cisjordania, trasladarían parte del control sobre sitios sagrados sensibles, como la mezquita de Ibrahimi en Hebrón, y desclasificarían registros de propiedad para facilitar la adquisición de propiedades.

Además, reactivarían un comité gubernamental para realizar compras "proactivas" de tierras, un paso destinado a reservar terrenos para la expansión de asentamientos. Estas decisiones añaden un sello oficial a la expansión acelerada de Israel y anulan partes de acuerdos de décadas que dividieron Cisjordania entre áreas bajo control israelí y aquellas donde la Autoridad Palestina tiene autonomía limitada.

Más de 700.000 israelíes residen en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, territorios capturados por Israel en 1967 y que los palestinos buscan para establecer un Estado independiente junto con la Franja de Gaza.

A los palestinos no se les permite vender tierras a israelíes de forma privada, aunque los colonos pueden adquirir casas en terrenos controlados por el gobierno israelí. La comunidad internacional considera que la construcción de asentamientos israelíes es ilegal y un obstáculo para la paz.

Las decisiones de Israel constituyen una violación de los acuerdos internacionales y son pasos hacia la anexión de las Áreas A y B, donde la Autoridad Palestina tiene cierta autonomía, según el grupo de vigilancia antiasentamientos Peace Now.

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