El gobierno de Trump apunta a 'superpatrocinadores' de niños migrantes para enjuiciamiento

WASHINGTON — La administración del expresidente estadounidense Donald Trump ha revelado la identificación de más de 15.000 adultos que han asumido la custodia de varios niños inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin sus padres. Esta medida indica un posible esfuerzo para procesar a aquellos que se consideran 'superpatrocinadores' de menores, un término utilizado para describir a quienes han obtenido la custodia de más de tres niños no relacionados.

El Departamento de Justicia ha señalado casos específicos de tres ciudadanos guatemaltecos que ejemplifican los riesgos de una verificación insuficiente de los patrocinadores en un programa destinado a reunir a los niños con familiares o amigos después de su ingreso al país. Además, las autoridades han indicado que están investigando a muchos otros 'superpatrocinadores' para determinar si han acogido a los menores de manera fraudulenta.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, enfatizó en una conferencia de prensa que "no aceptaremos medias tintas cuando se trata de asegurar la frontera, proteger vidas estadounidenses y salvar a los niños de la explotación".

A pesar de que obtener la custodia de varios niños migrantes no emparentados no es un delito, la identificación de estos patrocinadores sugiere un escrutinio más riguroso por parte de las autoridades. Esto ha suscitado preocupaciones sobre la posible criminalización de individuos que podrían tener buenas intenciones.

Durante la administración del expresidente Joe Biden, se intentó entregar a los niños a patrocinadores adultos elegibles en un plazo de 30 días, lo que resultó en una rápida reunificación familiar. Sin embargo, este enfoque también condujo a errores, como la entrega de menores a adultos que los forzaron a trabajar ilegalmente o a quienes presentaron documentos falsos.

Bajo la gestión de Trump, se endurecieron las normativas para evitar que traficantes introduzcan ilegalmente a niños en el país, lo que ha incrementado el tiempo que los menores pasan bajo custodia federal. Actualmente, se estima que los niños permanecen en esa situación un promedio de 206 días, en comparación con 37 días al inicio del mandato de Trump. A pesar de esto, el número total de menores bajo custodia ha mostrado una tendencia a la baja.

Este cambio en las políticas ha generado un debate polarizado sobre cómo equilibrar la liberación de los niños a patrocinadores verificados y protegerlos de situaciones peligrosas. Los demócratas han criticado a los republicanos por lo que consideran un enfoque inhumano en la aplicación de las leyes de inmigración.

Los casos recientes incluyen acusaciones contra una mujer que, según las autoridades, vivía en EE.UU. ilegalmente y conspiró para introducir niños de contrabando a través de la frontera, utilizando identidades falsas para obtener su custodia a cambio de dinero. En otro caso, se alega que una mujer afirmó falsamente ser la hermana de una adolescente que había ingresado ilegalmente a EE.UU. para convertirse en su patrocinadora.

La Asociación de Prensa ha buscado comentarios de los abogados que representan a los acusados en estos casos. Críticos del gobierno de Trump han expresado su preocupación por la intervención de agentes de inmigración en escuelas primarias y la documentación exigida que ha creado barreras para los patrocinadores.

Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center for Justice, ha indicado que la administración no ha reconocido el daño que ha causado a los menores al someterlos a una detención prolongada y dificultar su acceso a la justicia. "Si al gobierno le preocupa el bienestar de los menores no acompañados, la respuesta no puede ser arrebatárselos a sus seres queridos", dijo Aber.

La situación de un padre de Chicago, quien tuvo que esperar cinco meses para que el gobierno programara una cita para la toma de huellas dactilares de su hijo, ha sido citada como un ejemplo de las demoras innecesarias. Durante este tiempo, su hija sufrió abuso mientras estaba bajo custodia federal, según alegaciones en una demanda.

La administración de Trump ha indicado que su enfoque es garantizar la seguridad de los menores y la integridad de las leyes migratorias, aunque la implementación de estas políticas ha sido objeto de intenso escrutinio.

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