Drones explosivos generan temor en elecciones presidenciales de Colombia

JAMUNDÍ, Colombia — La cercanía de las elecciones presidenciales ha intensificado el clima de miedo en el pequeño poblado de Potrerito, donde los habitantes, como Gladys Marín, enfrentan la difícil decisión de ejercer su derecho al voto. La amenaza de ataques con explosivos lanzados desde drones, supuestamente por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha hecho que muchos se cuestionen si vale la pena arriesgar su seguridad.

La ubicación geográfica de Marín, a menos de 100 metros de la estación de policía, no ha garantizado su tranquilidad. La violencia ha transformado la vida cotidiana en la región, donde los negocios están vacíos y las escuelas han cerrado. La Misión de Observación Electoral estima que 386 municipios, un tercio del país, son vulnerables a la violencia, especialmente en zonas rurales donde grupos armados ilegales tienen presencia.

La situación se ha vuelto tan crítica que la defensora de derechos humanos de Jamundí, Lina Tabares, ha sugerido trasladar los puestos de votación a áreas más seguras para proteger a los votantes. "Lo mejor que nos pudieran hacer es sacarnos los puestos de votación y poder votar en otros sitios", afirmó Tabares.

En Robles, un poblado cercano, las calles están bloqueadas con barricadas improvisadas, y los policías se han atrincherado en garitas para vigilar el cielo en busca de posibles ataques. La preocupación es palpable entre los residentes, quienes temen ser sorprendidos por drones que lanzan explosivos. Eucaris Zamora, una vecina que evacuó su hogar tras un ataque, expresó: "Uno pasa mirando hacia arriba, con esta zozobra, que no vaya a encontrarse uno con una sorpresa".

La violencia ha escalado en los últimos años. En 2025, se reportaron 333 ataques con drones, un aumento significativo respecto a los 61 incidentes de 2024. El Ministerio de Defensa ha señalado que la situación representa una de las mayores amenazas para la población civil y la fuerza pública en varias regiones, incluyendo Valle del Cauca y Norte de Santander.

Ante esta creciente amenaza, el ejército colombiano ha implementado medidas como inhibidores de drones, aunque estos han demostrado ser insuficientes. Se están realizando esfuerzos para adquirir un "escudo nacional anti-drones" con una inversión de 1,6 millones de dólares.

La política de "paz total" del presidente Gustavo Petro ha sido cuestionada, y la situación en Valle del Cauca se ha complicado por la falta de resultados tangibles. La disidencia de "Iván Mordisco" ha restringido el acceso de misiones humanitarias a las zonas bajo su control, lo que ha agravado la crisis humanitaria.

Las elecciones presidenciales se acercan y los candidatos presentan visiones divergentes sobre cómo abordar la violencia. Mientras algunos abogan por continuar el diálogo, otros, como la senadora Paloma Valencia, sugieren una respuesta más militarizada. La analista Elizabeth Dickinson advierte que, dependiendo del resultado electoral, la violencia podría intensificarse tras las elecciones.

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