Fuerte cruce entre taxistas y Uber en Cadena 3: "No hay igualdad para competir"

Taxis y Uber cruzaron argumentos tras la legalización del servicio en Rosario. José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario, cuestionó las condiciones de la nueva ordenanza y advirtió que no existe igualdad para competir. En cambio, Gisela, creadora de un grupo de conductores de Uber, defendió la regulación y reclamó que se reconozca el trabajo de quienes utilizan la aplicación.

Iantosca sostuvo que los taxistas no están en condiciones de competir con las aplicaciones bajo las reglas actuales. Como ejemplo, señaló las diferencias en los costos laborales: afirmó que un titular de licencia que tiene choferes debe afrontar unos 650 mil pesos por la relación laboral, además de otras obligaciones, mientras que cuestionó que los conductores de Uber trabajen sin las mismas exigencias. También estimó que el 70% de los viajes ya se realizan mediante aplicaciones.

El referente de Catiltar consideró que la ordenanza se hizo "a imagen y semejanza de Uber" y planteó objeciones sobre los controles, las habilitaciones y los seguros. En particular, advirtió sobre los vehículos con más de diez años de antigüedad y puso en duda que todos puedan contar con cobertura para el traslado de pasajeros. "¿Y quién lo controla?", preguntó, al cuestionar que parte de esas verificaciones queden en manos de las propias plataformas.

Gisela, por su parte, consideró que la regulación representa un avance para quienes ya prestaban el servicio y necesitaban un marco legal. Aclaró que eso no significa aceptar todas las condiciones de las empresas, pero defendió la posibilidad de trabajar sin sentirse perseguidos. "Para muchas mujeres como yo, el trabajar en la app tiene la posibilidad de llevar el pan a nuestras casas y organizar nuestros propios horarios. No pedimos privilegios, pedimos seguir trabajando y tener oportunidades", expresó.

El contrapunto también apareció al discutir la rentabilidad de los viajes. Iantosca cuestionó que las aplicaciones ofrezcan recorridos de entre 1.500 y 2.500 pesos, porque consideró que esos valores no permiten cubrir el mantenimiento del vehículo ni ahorrar para renovarlo. Gisela coincidió en que esos montos pueden no ser rentables, pero señaló que cada conductor decide según sus necesidades económicas. "Detrás de cada conductor hay una familia y una necesidad de trabajo diferente", remarcó.

Consultada sobre cuántos choferes dependen exclusivamente de esta actividad, Gisela evitó dar porcentajes propios, aunque mencionó que en una reunión con conductoras de DiDi se habló de que cerca del 70% de las mujeres que trabajan en la plataforma a nivel nacional son jefas de hogar. En su caso, aseguró que organiza su jornada como un empleo de ocho horas y que le permite sostenerse económicamente.

Otro eje de discusión fue la calidad y la seguridad del servicio. Iantosca defendió el sistema de monitoreo y GPS de los taxis, y afirmó que permite identificar al vehículo y al conductor ante un reclamo. También destacó la devolución de objetos olvidados y la posibilidad de denunciar irregularidades a través del 147. Gisela respondió que las aplicaciones ofrecen herramientas para conocer la tarifa antes de viajar, identificar al conductor y compartir la ubicación del recorrido con familiares o conocidos. Además, aseguró que los objetos olvidados también pueden recuperarse mediante el soporte de la plataforma.

Frente a las críticas sobre las condiciones de competencia, Iantosca insistió en que su disputa no es con quienes manejan un Uber, sino con las multinacionales que fijan los precios y la cantidad de vehículos disponibles. "No quiero que haya una multinacional que me ponga un precio y que me ponga millones de autos a trabajar", sostuvo. Gisela, en tanto, reconoció que existen problemas con las comisiones y los descuentos que aplican las empresas, pero advirtió que la falta de oportunidades laborales lleva a muchas personas a depender de esta actividad.

Por último, Iantosca adelantó que el sector analiza implementar una medida antes de fin de año para reducir los costos del servicio y competir con las aplicaciones: dejar de cobrar la bajada de bandera. Actualmente, ese importe ronda los 2.000 pesos. También destacó el ahorro que representa incorporar vehículos eléctricos a la actividad y contó que, en su caso, redujo más de 250 mil pesos mensuales en gastos de combustible.

Entrevista de Alberto Lotuf.

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