Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia

La discusión sobre la actividad de los cuidacoches volvió a instalarse con fuerza en el Concejo Municipal de Rosario tras la aprobación de un proyecto para crear una mesa de trabajo que aborde el tema de manera integral. La iniciativa, impulsada entre otros por la concejala Fernanda Gigliani, del Partido Iniciativa Popular, propone sumar al debate no solo al municipio, sino también al gobierno provincial y a la Justicia, con el objetivo de avanzar en soluciones más profundas a una problemática que atraviesa a distintos barrios de la ciudad.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Gigliani remarcó que se trata de un debate histórico, atravesado por miradas contrapuestas que van desde la prohibición lisa y llana hasta propuestas de regulación o empadronamiento. En ese sentido, cuestionó los abordajes simplistas y advirtió que muchas veces la política “trabaja para la tribuna”, especialmente en contextos electorales, con consignas fáciles de comunicar pero poco efectivas a la hora de resolver el problema de fondo.

La concejala subrayó que la realidad de los cuidacoches no es homogénea y que es clave “separar la paja del trigo”. Por un lado, identificó a quienes se organizan con fines delictivos, vinculados a extorsiones, barras bravas o economías ilegales, y para quienes corresponde la aplicación del Código Penal. Por otro, señaló la existencia de personas expulsadas del sistema formal, sin antecedentes, que recurren a esta actividad como forma de subsistencia, muchas veces atravesadas por problemáticas sociales, de consumo o de salud mental.

En ese marco, defendió la necesidad de contar con un diagnóstico serio y actualizado, basado en datos concretos que hoy —según afirmó— el Estado municipal ya posee en parte. Indicó que la sola prohibición no ha dado resultados en ningún lugar del mundo y que, lejos de solucionar el conflicto, suele fortalecer a las mafias. También cuestionó el esquema de demoras temporales, que deja a los vecinos con la carga de probar una extorsión y no logra modificar la situación en el mediano plazo.

La mesa de trabajo comenzaría a funcionar en marzo y buscará construir consensos mínimos para definir políticas diferenciadas según los casos y los territorios. Gigliani expresó su expectativa de que el tema pueda abordarse con mayor madurez política y responsabilidad institucional, y sostuvo que, si no se avanza en acuerdos concretos, cada sector deberá dar explicaciones claras a la sociedad. “Este es un problema complejo, sin soluciones mágicas, pero que exige decisiones serias y sostenidas en el tiempo”, concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.

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