Caso Loan: pedido de justicia y silencio en Corrientes tras 20 meses de su desaparición

Buenos Aires, 8 marzo (NA) – Loan Danilo Peña falta de su casa desde hace 20 meses y 23 días. Frente a una causa en la que el juicio no tiene fecha, que el pedido de justicia sigue latente y el silencio de Corrientes que estremece, la Agencia Noticias Argentinas viajó hasta dicha provincia para tener respuestas por parte de los encargados de la causa y la política. El panorama es claro: hasta el día de hoy no se tiene acreditado qué pasó ni por qué los acusados sustrajeron y ocultaron al menor, sumado a que la política hizo sus jugadas para evitar que la gente y los medios de comunicación locales se sigan preguntando ¿Dónde está Loan?

En el caso hay 17 acusados, de los cuales siete pertenecen a la investigación principal y los otros diez por la pesquisa paralela. En esta ocasión, como varios de los delitos se unifican en el fuero federal, la Justicia decidió que se realice un solo juicio.

Del primer grupo se encuentran procesados Laudelina Peña, el ex comisario Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez, Daniel Ramírez. Todos ellos, salvo Maciel, compartieron el almuerzo el 13 de junio de 2024 en la casa de la abuela Catalina, día en el que desapareció el niño.

Mientras que en el segundo grupo están: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Para los siete primeros, la acusación por la que llegan a juicio es por sustracción y ocultamiento hasta el momento del pequeño.

Respecto a los otros implicados, es por los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales.

En la audiencia preliminar, el tribunal informó que el juicio iniciaría el 7 de octubre, por lo que la fiscalía, querella y parte de las defensas rechazaron la fecha y ahora los jueces aceptaron rever la agenda.

Sentados en el living de su casa en Nueve de Julio, María Noguera, José Peña y uno de sus hijos, que también se llama José, hablaron con este medio y expresaron la necesidad de que "el juicio se realice lo antes posible", ya que para ellos "ahí van a hablar" los acusados.

"Fue muy incómodo lo que pasó el viernes. Si el juicio inicia en octubre, son ocho meses más en los cuales seguimos sin saber qué pasó y nosotros creemos que en el debate es donde van a hablar, por eso pedimos que sea lo antes posible", expresó María.

Luego de la audiencia, la querella pidió de forma escrita que el juicio inicie el 8 de mayo, día en el que el menor cumple años, pero recibió una respuesta negativa luego de que los jueces lo hayan rechazado por "impertinente".

Carlos Schaefer, fiscal general del caso, señaló en diálogo con NA que, al día de hoy, "no tenemos acreditado qué pasó ni por qué lo hicieron".

Quienes también hablaron con este medio fueron Ernesto "Tito" González, abogado de Pérez y Caillava; y Richard Vallejos, defensor de Maciel. El primero de ellos sostuvo que "desde un comienzo de la causa hicieron todo lo posible para extenderla y disfrazarla de compleja", sumado a que existe una "gran falencia de las acusaciones" por no "tener determinado el tiempo, lugar y espacio".

Acerca de Vallejos, remarcó que "solo Laudelina, Caillava y Pérez deberían pagar" por lo que le pasó a Loan, mientras que Maciel, Benítez, Ramírez y Millapi "son inocentes".

Política, poder y el rol del silencio

El ex gobernador de Corrientes y actual senador provincial por la UCR, Gustavo Valdés, habló en exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas sobre la desaparición de Loan durante su gestión y en un escenario de incomodidad e ironía sostuvo que no tiene vinculación con los "actores de la causa".

Con el cierre de la audiencia en la Cámara de Senadores, que duró solo 20 minutos, Valdés aceptó hablar de la causa, después de un silencio agobiante, y manifestó que "nunca" se "entrometieron más allá de haber pedido ser querellantes," cuya solicitud fue rechazada por el Poder Judicial de la Nación debido a que podría obstaculizar la investigación, "existiendo sospechas de encubrimiento por parte de funcionarios locales."

Aunque durante toda la charla se mostró interesado en el caso, se pudo saber que se hicieron diversas jugadas políticas para callar a la ciudad de Corrientes: al político Martín "Tincho" Ascúa, candidato en 2025 por el Partido Justicialista, Valdés lo denunció por injurias luego de que el opositor le haya pedido respuestas. Se espera que en abril se lleve a cabo el juicio.

En mayo de 2025, Ascúa decidió hacer una contradenuncia en la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) de la Justicia provincial y acusó al actual senador por el delito de peculado.

Otro acontecimiento que se dio a conocer es el de Miguel Nicolini, periodista y activista en la provincia, que le exigió respuestas al senador Diego Pellegrini sobre la causa y el extraño viaje que realizó con una de las acusadas y fue echado de su trabajo como asesor en la Legislatura.

En Corrientes los niños y adolescentes no son importantes

En la provincia se promulgó en 2007 la Ley Provincial N°5773 y a partir de dicha norma la provincia se adhirió a la Ley N° 26061 de Protección Integral de los Derechos Niñas; Niños y Adolescentes que permite crear la figura de defensor y cuya tarea le corresponde al Poder Legislativo. Aun así, a casi 20 años, todavía no se asignó ningún defensor.

Respecto de la Ley N°6020, aprobada en 2010, se dio lugar a la creación de un registro de menores de desaparecidos, sin embargo, nunca se reglamentó, por lo que no existe ningún padrón sobre cuántos niños faltan de sus hogares.

Por último, otro de los puntos que alarma la situación actual de los menores es que tampoco se cumplió con el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes, establecido por la Ley provincial Nº5862, que dicta pautas claras para la actuación en casos de desapariciones.

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