Piden que la Corte bonaerense revise la liberación de presos

El fiscal Carlos Altuve presentó este lunes un recurso ante la Suprema Corte bonaerense para dejar sin efecto el fallo que habilitaba prisiones domiciliarias masivas en la provincia de Buenos Aires.

La presentación fue a través de un recurso de queja ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires que, si bien no tiene plazos para resolver el mismo, se abocará de manera inmediata, según confirmaron fuentes judiciales.

“Previo al dictado de esta sentencia, hubo una audiencia en Casación de la Provincia donde propuse que al menos fuera cada juez en particular quien resolviera la situación de sus detenidos”, explicó el fiscal en diálogo con Cadena 3.

Sin embargo, “el fallo no tomó en cuenta la opinión de la fiscalía”, según informó Altuve.

Señaló, además, que “no existe una diferenciación jurídica entre delitos leves y graves”. “La diferencia puede ser dialéctica, entre delitos correccionales o criminales, pero nunca leves y graves”, aseguró.

Altuve consideró que lo que resolvió el juez Violini “deja mucho margen de interpretación”. “Por el otro lado, considero que el Tribunal de Casación sustrajo con ese fallo la competencia de los jueces naturales al resolver esta habeas corups de manera colectiva”, manifestó.

“Además, se está incumpliendo la Ley de Víctimas, en la que los magistrados deben poner en conocimiento a las víctimas antes de cualquier actividad de morigeración de las penas o libertad”, añadió.

“Ese fallo incurre en la arbitrariedad en sentido jurídico y viola la ley procesal provincial y los derechos de las víctimas”, sostuvo, “y es por ello que luego de que el tribunal rechazase mi apelación, presenté un recurso de queja al Superior Tribunal Provincial”, afirmó.

Explicó, por otro lado, que en la Provincia de Buenos Aires este tipo de medidas deben ser consentidas, es decir, "no deben tener ningún recurso pendiente para ser ejecutadas": “Si un juez dispone una morigeración de una prisión preventiva y el fiscal apela, la medida no se puede ejecutar. Sin embargo, la Casación resolvió que en este estado de excepcionalidad, tampoco era de aplicación esa norma, por lo que se suma un agravio más”, aseguró el fiscal.

“No sé qué disponibilidad tiene la Provincia de pulseras magnéticas y le doy la razón a Violini de que nadie quiere que los detenidos sean abandonados a su suerte, creo que hay algunas soluciones intermedias que dependen del poder Ejecutivo, no del Judicial”, dijo.

El fiscal sugirió otras soluciones, “como generar un espacio en el que puedan estar apartados y bien atendidos, protegiendo a la población de riesgo de las cárceles, que es bastante elevado”, según afirmó.

Informe de Fernando Genesir.

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