Asesor de Bullrich criticó a la jueza que frenó la ley penal juvenil: "Fue una decisión ideológica"

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La jueza que suspendió la implementación de la nueva ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires fue denunciada penalmente por su decisión. Se trata de la jueza Pascual, cuya resolución generó fuertes cuestionamientos de parte de Fernando Soto, exfuncionario del Ministerio de Seguridad y actual asesor de Patricia Bullrich en el Senado de la Nación. Soto sostuvo que la medida es jurídicamente improcedente y aseguró que prácticamente ningún otro magistrado bonaerense la está aplicando.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Soto explicó que la resolución de Pascual no tiene alcance efectivo en la práctica porque, según su interpretación, la magistrada no tenía facultades para suspender una ley. “Un juez no puede suspender una ley, puede decretar la inconstitucionalidad, pero en un caso concreto”, afirmó. Y agregó que, en este caso, “ni siquiera decretó la inconstitucionalidad”, por lo que consideró que la decisión resulta todavía más cuestionable.

Consultado sobre si detrás del fallo existía una cuestión ideológica, política o estrictamente jurídica, Soto fue categórico. “No tengo ninguna duda de que fue una decisión ideológica y política”, sostuvo. Según explicó, la jueza intervino a partir de un hábeas corpus colectivo y, en lugar de intimar al Poder Ejecutivo para conocer las medidas adoptadas para adecuar el sistema, directamente avanzó con la suspensión de la norma.

Soto recordó que durante su paso por el Ministerio de Seguridad recibió numerosas presentaciones judiciales vinculadas con el protocolo antipiquetes. “Recibíamos por semana varios hábeas corpus, informes, pedidos de informes, que nos intimaban no a 60 días, en seis horas, alguna vez en tres horas”, relató. Sin embargo, aseguró que en esos casos los jueces no suspendieron la aplicación de las normas porque, según su planteo, primero debían analizar su constitucionalidad.

El exfuncionario consideró que la magistrada se excedió en sus atribuciones. “Lo que hizo la jueza es arrogarse facultades de un legislador”, sostuvo, y calificó la decisión como una “usurpación funcional” y un supuesto abuso de autoridad. En ese sentido, fue todavía más duro al evaluar el fallo: “Realmente es una barrabasada lo que ha hecho”.

Frente a los cuestionamientos sobre la falta de infraestructura para aplicar la nueva legislación penal juvenil, Soto rechazó que ese argumento justifique la suspensión. Explicó que la nueva ley contempla numerosas alternativas a la internación y que, en muchos casos, exige un seguimiento personalizado de los menores. “Con la nueva ley hay todo un abanico de medidas alternativas antes de dictar sentencia, incluso después de una sentencia firme”, explicó.

El abogado sostuvo que el nuevo sistema, lejos de generar una mayor necesidad de encierro, puede reducir la cantidad de internaciones. “Va a haber menos internación con esta ley que con la anterior; al contrario, le da mucha más herramienta a un juez”, afirmó. Además, aseguró que la provincia de Buenos Aires amplió su infraestructura para alojar menores y mencionó los establecimientos Eva Perón 1 y Eva Perón 2, este último en etapa de finalización.

Soto también fue consultado sobre la posibilidad de que la jueza Pascual sea sometida a un proceso de destitución. En ese punto, mostró pocas expectativas y recordó antecedentes de denuncias contra magistrados bonaerenses. “Aprendí a ser muy escéptico”, reconoció. Y agregó: “En 40 años de profesión veo que va a ser muy difícil, pero cuando esto pase, las aguas se calmen y no se acuerden ya del tema, los amigos la van a salvar”.

Para fundamentar su pesimismo, recordó una denuncia contra el juez Violini, a quien cuestionó por decisiones adoptadas durante la pandemia. Según Soto, en aquel caso también se impulsó un proceso de juicio político que finalmente no avanzó. “Pasó el plazo y lo sobreseyeron”, señaló, antes de sintetizar su expectativa sobre el futuro de la denuncia contra Pascual: “Lo que tengo que ver para adelante, mirando para atrás, es que no va a pasar nada de nada. Ojalá me equivoque”.

El planteo de Soto se produce en medio de un debate más amplio sobre el funcionamiento de la Justicia y los tiempos de los procesos disciplinarios contra magistrados. Durante la entrevista también se mencionó el caso del juez federal Gastón Salmán y la demora del Consejo de la Magistratura para avanzar con su juicio político. Para Soto, existe un patrón en el que las denuncias pierden fuerza cuando dejan de ocupar el centro de la agenda pública. “Sale la tapa de los diarios, baja la efervescencia social y en un tiempo reaparece”, concluyó. “Va a haber otro escándalo que tape a otro escándalo, sucesivamente. Ojalá me equivoque”.

Entrevista de Hernán Funes.

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