La Legislatura santafesina acelera el tratamiento del nuevo Código Electoral

Las principales fuerzas políticas con representación legislativa en Santa Fe avanzan en la definición del futuro Código Electoral provincial, un proyecto destinado a unificar y actualizar la normativa vigente sin modificar cualidades del sistema electoral santafesino.

Entre ellos, la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Boleta Única y la paridad de género, mecanismos que la provincia implementó antes de su adopción a nivel nacional.

La permanencia de las PASO marca una diferencia con el debate que atraviesa el Congreso nacional, donde el Gobierno impulsa su eliminación o suspensión. En Santa Fe, ni el gobernador Maximiliano Pullaro ni los proyectos presentados en la Legislatura contemplan esa posibilidad. El consenso predominante entre los distintos bloques es que las primarias continúan siendo una herramienta para ordenar la competencia interna de los partidos y las alianzas electorales.

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El tratamiento del Código Electoral adquirirá prioridad en la primera sesión posterior al receso legislativo de dos semanas. La decisión del Senado refleja la intención de acelerar el debate y avanzar hacia una sanción durante el segundo semestre. En ese contexto, no se descartan reuniones entre legisladores y representantes del Poder Ejecutivo durante el receso para acercar posiciones sobre los puntos aún en discusión.

Los primeros proyectos fueron presentados por los bloques justicialistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, aunque con diferencias entre ambas iniciativas. Posteriormente ingresaron propuestas de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista, con textos prácticamente idénticos en ambas cámaras. También presentaron iniciativas el Frente Amplio por la Soberanía y Uno, el espacio político referenciado en Walter Ghione.

Las principales diferencias aparecen en dos aspectos: el funcionamiento de las PASO y el diseño de la Boleta Única. En el caso de las primarias, el debate se concentra en los requisitos que deberán cumplir las listas internas para acceder a la distribución de candidaturas, especialmente en categorías legislativas y municipales.

Respecto de la Boleta Única, existe acuerdo en mantener las cinco categorías durante las elecciones primarias. La discusión se traslada a la elección general, donde las propuestas difieren sobre la cantidad de boletas que utilizará el elector. El radicalismo propone concentrar los cargos provinciales en una boleta y los municipales en otra, mientras que el justicialismo y el Frente Amplio por la Soberanía sostienen el esquema de cinco boletas diferenciadas.

La definición de este punto también tiene una dimensión política e institucional. La reforma constitucional aprobada el año pasado eliminó el mecanismo que garantizaba una mayoría automática en la Cámara de Diputados para la fuerza ganadora en la elección de esa categoría. Desde ahora, las 50 bancas se distribuirán íntegramente mediante el sistema D'Hondt, lo que incrementa la importancia del diseño de la Boleta Única y del umbral mínimo necesario para acceder al reparto de escaños.

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En ese aspecto también existen diferencias. El proyecto de la Unión Cívica Radical y la iniciativa impulsada por los senadores justicialistas fijan un piso equivalente al 5% del padrón electoral, mientras que la propuesta socialista reduce ese requisito al 3%.

Más allá de estas diferencias, los proyectos coinciden en conservar los principales institutos incorporados al régimen electoral durante los últimos años. Se mantiene el sistema de paridad de género, se incorporan las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica de Municipios y se integran las disposiciones que regulan el funcionamiento de los partidos políticos, la organización del proceso electoral y los mecanismos de escrutinio provisorio y definitivo.

También forman parte de la futura codificación normas ya vigentes como la inhabilitación electoral de deudores alimentarios morosos, el régimen de Ficha Limpia, la exclusión de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, las reglas sobre campañas electorales, el financiamiento político y el sistema de distribución de la publicidad electoral financiada por el Estado.

La reforma constitucional también incorporó el voto desde los 16 años y la participación de ciudadanos extranjeros en las elecciones provinciales. Ambos derechos aparecen contemplados en los proyectos que ya cuentan con estado parlamentario.

Otro de los aspectos que deberá resolver la nueva legislación es la competencia judicial en materia electoral. Si bien existen distintas propuestas, en las conversaciones parlamentarias predomina la posibilidad de mantener la competencia dentro del fuero Contencioso Administrativo, descartando por el momento la creación de un fuero electoral específico.

La propia Constitución prevé un régimen de transición hasta que el nuevo Código Electoral entre en vigencia.

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