La discusión sobre el uso de dólares no registrados se reprograma por falta de consensos

El proyecto del Gobierno para fomentar el uso de dólares no registrados se retrasó en el Congreso por la falta de consensos necesarios con diferentes bloques opositores. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la Libertad Avanza enfrenta actualmente el principal obstáculo para avanzar y discutir esta iniciativa en el recinto debido a que no cuenta con los números suficientes en la comisión de Presupuesto para firmar el dictamen requerido.

Este proyecto fue remitido a las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General, aunque el mayor inconveniente radica en la primera, presidida por José Luis Espert. Integrada por un total de 49 miembros, la comisión cuenta con una mayoría de Unión por la Patria (UxP), que dispone de 20 representantes, además de uno de la izquierda, sumando así 21 votos. Para facilitar el desempate, el oficialismo necesita contar con al menos 21 votos en apoyo.

Para poder emitir un dictamen habilitado, se requieren al menos 25 firmas entre todos los despachos, pero UxP se niega a presentar el propio hasta que la Libertad Avanza y otros bloques logren alcanzar dicho número necesario. De ese modo, el oficialismo no solo debe reunir por lo menos 21 firmas en su propio despacho, sino que también necesita que otros bloques que no lo apoyan presenten sus propios despachos o firmen el del oficialismo en disidencia.

La Libertad Avanza cuenta con 6 diputados, lo que significa que deben obtener el respaldo de al menos siete legisladores del PRO, dos del MID, tres de la UCR, dos de Innovación Federal, y uno de Producción y Trabajo para poder igualar a UxP. Además, debe asegurarse el apoyo de dos de Encuentro Federal, tres de Democracia para Siempre y uno de la Coalición Cívica, quienes deben presentar al menos sus propios dictámenes.

Por otro lado, parece que el oficialismo no tendrá problemas en las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, donde se espera que puedan alcanzar la mayoría sin contratiempos, dado que cada una de ellas posee 31 miembros. En la comisión de Legislación General, la Libertad Avanza tiene cuatro representantes y podría contar con el apoyo de cinco del PRO, uno del MID, dos de la UCR, uno de los radicales “con peluca”, uno de Innovación Federal y uno de Democracia para Siempre, lo que sumaría un total de 16 voluntades.

Existen ciertas incertidumbres respecto a cómo votarán los dos diputados de Encuentro Federal, Mónica Fein y Oscar Agost Carreño, quienes han votado en contra de la Libertad Avanza en la mayoría de las leyes.

En la Comisión de Legislación Penal, que también cuenta con 31 miembros, la Libertad Avanza tiene cinco miembros, el PRO cuenta con cinco, la UCR otros dos, mientras que la Liga del Interior, Innovación Federal, Democracia para Siempre y el cordobés Juan Brugge de Encuentro Federal aportan una firma cada uno.

El oficialismo busca avanzar en las negociaciones con los bloques dialoguistas en esta semana para asegurarse la mayoría en las tres comisiones que están bajo la presidencia de Espert (Presupuesto), Santiago Santurio (Legislación General) y Laura Rodríguez Machado del PRO (Legislación Penal). Posteriormente, se realizarán negociaciones con los gobernadores para conseguir los votos necesarios en el recinto de sesiones, un objetivo que se percibe con mayor confianza, similar a como ocurrió en la aprobación del DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, que modifica el Régimen Penal Tributario y busca facilitar el uso de dinero no declarado en la economía directa, fue presentada el jueves anterior y asignada a las comisiones correspondientes. Esta propuesta incluye aumentar el umbral mínimo de dinero no declarado, que actualmente es de $1.500.000, a $100.000.000, por encima del cual el Estado debe investigar la posible evasión simple. Para clasificar un caso como “evasión agravada”, el monto debe superar los 1.000 millones de pesos, en contraste con el umbral anterior de 15 millones.

Asimismo, la iniciativa establece que el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias se reduce de cinco a tres años.

Finalmente, se introduce un Régimen simplificado de Ganancias, que asegura a los contribuyentes que adhieran a este esquema estar “blindados para siempre”. Este régimen tiene un límite patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para ser elegible y garantiza que los contribuyentes no deban informar las variaciones en su patrimonio, al tiempo que se minimizarán los controles sobre sus consumos. Esto implica que la ARCA solo recaudaría el Impuesto a las Ganancias de acuerdo con los ingresos facturados, sin tener en cuenta la posible variación patrimonial, la cual no será objeto de control.

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