Comenzó la reunión en Tribunales: la Corte analiza un planteo para restablecer la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para este viernes 9 de octubre, a las 9, un Acuerdo Extraordinario en el que podría emitir un nuevo fallo sobre la Ley de Tierras. El máximo tribunal debe resolver un pedido de medida cautelar que, de prosperar, volvería a poner en vigencia —al menos de forma provisoria— las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros que el Gobierno de Javier Milei derogó mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.

El expediente fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes solicitaron una aclaratoria para que la Corte precise si el fallo de la semana pasada —en el que se revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata por falta de legitimación del CECIM de La Plata— también alcanza a su amparo colectivo.

Para resolver la causa, el tribunal incorporó a dos conjueces: Diego Barroetaveña (Cámara Federal de Casación Penal) y Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de Mendoza). Como suplentes quedaron Jorge Morán y Eduardo Farah. Antes de fijar la fecha, los jueces redujeron de 72 a 24 horas el plazo para impugnar esa integración y habilitaron días y horas inhábiles, argumentando “las particulares circunstancias de la causa”.

La semana pasada, la Corte (con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) había revocado el fallo que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley 26.737. Aclaró, sin embargo, que solo resolvió un aspecto procesal y que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo del DNU ni sobre el fondo de la cuestión.

Ahora el tribunal debe definir si devuelve el expediente a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, o si lo trata de manera directa (una vía excepcional que requiere urgencia). Lo que está en juego es si la cautelar del amparo colectivo repone, aunque sea temporalmente, los límites que la Ley de Tierras establecía a la titularidad extranjera de tierras rurales (tope del 15% a nivel nacional, provincial y departamental, y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo).

Temas